SAN JUAN, Puerto Rico— El gobernador de Puerto Rico recurrió el miércoles de nuevo a un decreto de estado de emergencia para proteger de demandas a una agencia pública de la isla y preservar su decreciente liquidez, mientras el Congreso en Washington trabaja en un proyecto de ley para reestructurar la deuda pública de 70.000 millones de dólares.
El decreto le permite a la Autoridad de Carreteras y Transportación suspender la transferencia de ingresos por peaje a los tenedores de bonos, a la vez que impone una moratoria sobre los reclamos legales, dijo el gobernador Alejandro García Padilla. Esto a su vez permitirá al gobierno pagar a los contratistas y evitar la paralización de obras de seguridad y mantenimiento, añadió.
La agencia, que opera y mantiene los caminos y puentes en la isla, tiene una deuda de 4.000 millones de dólares, de los cuales debe pagar 233 millones de dólares en julio.
García dijo que la emergencia no impone una moratoria a los pagos de deuda de la agencia, aunque las agencias del gobierno han caído en incumplimiento de multimillonarios pagos de bonos de manera cada vez más frecuente.
Un análisis difundido esta semana por el Centro para una Nueva Economía, un grupo de estudio con sede en Puerto Rico, dijo que la economía de la isla se ha retraído un 14% desde 2006, mientras que la población ha tenido un declive del 9% y las tasas de empleo se han desplomado en casi un 20%.
Añadió que la agencia necesita casi 25 millones de dólares mensuales para operar y más de 150 millones para pagar a los contratistas.
El mes pasado, la agencia llegó a un acuerdo de 115 millones de dólares con una compañía con sede en España que administra las carreteras de peaje de la isla, y negoció una reducción en la comisión por ingresos de un 50% a un 25%.
Eso provocó una demanda por parte de la aseguradora de bonos Ambac Financial Group, para bloquear el acuerdo ante la preocupación que pudiera minar a otros demandantes. Nader Tavakoli director general y presidente de Ambac, dijo el miércoles que la compañía se opondrá a cualquier propuesta que no provea restructuraciones consensuales de deuda, entre otras cosas.
«Nos decepciona que en lugar de hacer todo lo posible por cumplir con sus obligaciones financieras y negociar de buena fe con los acreedores en busca de soluciones consensuales, el gobierno, que actuó bajo el consejo de asesores de bancarrota, se involucre en mayores intrigas para avanzar con su campaña previa a las acciones del Congreso», afirmó.
Otras agencias puertorriqueñas pasan apuros para mantenerse a flote.
A inicios de abril, el Banco Gubernamental de Fomento, que emite los préstamos y supervisa las transacciones de deuda de Puerto Rico, fue declarado en emergencia. Dicha declaración le permite realizar retiros sólo para financiar costos necesarios en materia de salud, seguridad pública y educación.
En tanto, García presiona al Congreso para que apruebe un mecanismo de restructuración de deuda, debido a que no existen leyes locales o federales que le permitan a las agencias o municipalidades de Puerto Rico declararse en bancarrota. Durante su conferencia de prensa del miércoles, criticó al gobierno estadounidense, y le pidió a los puertorriqueños pensarlo dos veces antes de unirse al ejército de Estados Unidos.
«Ellos están dispuestos a ir a sacar la cara en los conflictos en los que Estados Unidos se mete, cuando a la hora de sacar la cara por Puerto Rico en un problema en el que los Estados Unidos nos metió… entonces ellos arrastran los pies», afirmó el gobernador al referirse a los recortes de impuestos que el Congreso eliminó gradualmente hace una década. «Le exijo al presidente de la Cámara federal, Paul Ryan, que cumpla su palabra, porque los puertorriqueños a la hora de ir al servicio militar cumplen la suya».
García también dijo que rechazará cualquier propuesta del gobierno que incluya una junta de control financiero en lugar de un consejo de supervisión.
Los republicanos en la Cámara de Representantes han demorado la presentación de una propuesta que crearía una junta de control para supervisar algunas de las restructuraciones de deuda que ordena la corte.
El presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, el republicano Rob Bishop, dijo el miércoles que la última versión de la propuesta será similar a las anteriores, incluyendo la instalación de un organismo de control. Indicó que la demora se ha centrado en la manera como se designará a los siete miembros de la junta. Bajo dicha propuesta, el presidente elegiría a algunos miembros de una lista presentada por cuatro líderes republicanos y demócratas de la cámara baja y el Senado. Los legisladores trabajan para garantizar que sea escrita de una manera en la que el presidente Barack Obama no pueda rechazar fácilmente a los nominados.
En un esfuerzo por obtener el respaldo demócrata necesario, los republicanos están considerando desechar una estipulación que aparecía en las versiones previas en la que se transferirían tierras federales en la cercana isla de Vieques a Puerto Rico. Los demócratas se oponen a dicha medida.
El objetivo es redactar una propuesta que sea aprobada en ambas cámaras antes de que Puerto Rico caiga en mora con un pago de 2.000 millones de dólares antes del 1 de julio.
