Peajes mentirosos y fideicomisos inviables

Contamos con 5,400 kilómetros de carreteras, con un valor actual de unos US$12,000 millones. Eso sería lo que habría que invertir hoy si tuviésemos que levantar desde cero esa longitud de infraestructura vial. Aquí excluimos la vialidad rural…

Contamos con 5,400 kilómetros de carreteras, con un valor actual de unos US$12,000 millones. Eso sería lo que habría que invertir hoy si tuviésemos que levantar desde cero esa longitud de infraestructura vial. Aquí excluimos la vialidad rural (caminos) y otros 9 a 10 mil kilómetros de calles que tenemos en los centros urbanos del país. Esa data la tomo prestada del Ing. Pedro Delgado Malagón.

Los expertos indican que el costo anual del mantenimiento rutinario y periódico andaría entre 2% y 2.5% del valor de la infraestructura. Si tomamos el valor mínimo del 2%, necesitaríamos US$240 millones, unos RD$11,000 millones a la tasa de cambio de hoy.

Si asumimos una vida útil promedio de 30 años, la depreciación anual de las carreteras dominicanas alcanzaría un valor de US$400 millones, si utilizamos el método de la línea recta, aunque reconocemos que en ausencia de mantenimiento rutinario y periódico la vida útil probablemente caería a la mitad. Si se aplica la regla que postulan firmas expertas de que un dólar invertido en mantenimiento rutinario evitaría tener que invertir 4 en el futuro, el monto promedio anual a invertir en el mantenimiento de los 5,400 kilómetros de carreteras, ascendería a US$100 millones. Si a eso le sumamos el mantenimiento periódico de mayor envergadura, nos acercaríamos a los US$240 millones mencionados arriba.

El Fideicomiso RD VIAL, amparado en el contrato de fideicomiso del 18 de octubre del 2013, firmado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y la Fiduciaria Reservas, S.A., se creó con el objeto de asegurar el adecuado funcionamiento de la Red Vial Principal de la República Dominicana, así como para la ejecución de las inversiones en obras necesarias para la ampliación, rehabilitación, conservación y/o mantenimiento de dicha red vial.

El Estado dominicano, al tomar esta decisión, reveló estar consciente del valor que tiene el patrimonio vial del país y el papel fundamental que dicha infraestructura juega para avanzar en el desarrollo integral de la nación.

Los ingresos del fideicomiso RD VIAL, se originan fundamentalmente de los fondos que son recaudados diariamente en las estaciones de peaje que operan actualmente en el país. El fideicomiso tiene actualmente el control de 10 estaciones de peaje: Las Américas, Duarte, 6 de Noviembre, Sánchez, La Romana, Coral I, Coral II, Circunvalación de Santiago, y Circunvalación Juan Bosch I y II.

En el 2015, las 10 estaciones de peajes que estaban funcionando ese año bajo el control del Fideicomiso RD VIAL, recaudaron RD$1,735.7 millones. Esos recursos no sólo deberían servir para el mantenimiento de la Red Vial del país sino también para garantizar su funcionamiento y operación y para ejecutar las inversiones requeridas por el programa de ampliación de la misma.

Está claro, que al Fideicomiso RD Vial se le han trazado unas metas imposibles de cumplir con las fuentes de ingresos que se le han traspasado. Con una base de recaudación tan diminuta, el Fideicomiso RD Vial no está en capacidad de emitir títulos de deuda como bonos “securitizados” con el flujo de ingresos de los peajes.

Parte del problema tiene su origen en el hecho de que 4 de las 10 estaciones de peaje del país mantienen las mismas tarifas de peaje de hace 14 años. El peaje de 30 pesos que pagan los vehículos livianos (Categoría I) en las estaciones de Las Américas, Duarte, 6 Noviembre y Sánchez fue establecido en julio del 2002. No es por casualidad que las recaudaciones de esas cuatro estaciones son realmente insignificantes para el movimiento de vehículos que pasan por ella. En el 2015, apenas recaudaron RD$820.4 millones. Estaciones más recientes y con mucho menor tráfico (Coral I y II, La Romana, Circunvalación de Santiago y Circunvalación de Santo Domingo I y II), pero con tarifas de peaje menos mentirosas, recaudaron RD$915.3 millones en el 2015.

La tarifa actual de peaje para un vehículo liviano en Las Américas, por ejemplo, es 71% más baja en términos reales que la de julio del 2002. Si usted va desde la capital al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), paga RD$30.00 por transitar durante una hora sobre 60 kilómetros (ida y vuelta)en la Autopista de las Américas. Si se parquea 10 minutos en el AILA en un espacio de 12 mts2, usted paga RD$40.00. Algunos señalan que si se sube el peaje, queman el país. ¿Por qué entonces no han quemado el AILA?

En Guatemala y Colombia, por un trayecto similar, los vehículos livianos pagan el equivalente de RD$112.00 y RD$120.00, respectivamente. Si se hubiese mantenido la regla del ajuste del peaje anual por la inflación acumulada, algo similar a lo que el Ministerio de Industria y Comercio hace con los impuestos específicos sobre el consumo de derivados de petróleo, el peaje actual para los vehículos livianos estaría en RD$104.00. Si el Fideicomiso RD VIAL lo fijase en RD$100.00, estaría, por tanto, cobrando menos que lo que estableció en julio del 2002.

Por otra parte, resulta extraño que el crecimiento real acumulado de las recaudaciones de esas 4 estaciones de peaje haya sido de sólo 9.2% entre 2008 y 2015, pues en ese período, según el Banco Central, el crecimiento real del PIB fue de 39.6%. La DGII, para ese período, registra un crecimiento acumulado del parque vehicular, neto de motocicletas, de 31.4%. El Fideicomiso RD VIAL deberá investigar si todo lo que realmente pagan los usuarios de las carreteras está realmente ingresando en forma de recaudaciones. En caso de no existir apropiación ilegal de lo cobrado, habría que sentarse a estudiar el porqué el crecimiento real del PIB que estima el Banco Central se aleja tanto del “lento” dinamismo que revelan las recaudaciones de las 4 principales estaciones de peaje del país.

Con los peajes mentirosos que prevalecen en esas estaciones, el Fideicomiso RD VIAL no resulta viable. Cualquier deuda en que incurra el mismo, sea en forma de préstamo o bono que decida emitir, requerirá necesariamente del respaldo del Ministerio de Hacienda y por, tanto, del Gobierno dominicano. En consecuencia, sus operaciones impactarán el balance del sector público consolidado y la deuda pública.

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