Una reforma trascendental

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Todo el que ha tenido la oportunidad de interactuar en grupos focales con personas provenientes de hogares de bajos niveles de ingresos de nuestro país, para comprender cómo piensan y reaccionan ante posibles acciones o intervenciones en el ámbito de las políticas públicas, habrá percibido no sólo cuánto le preocupa a las familias dominicanas el problema de inseguridad ciudadana, lo difícil que resulta conseguir un trabajo o la insuficiencia de ingresos para comprar los alimentos y demás bienes que necesita la familia para subsistir. En esos encuentros saldrá a flote también uno de los principales problemas que afecta al pueblo dominicano: la inexistencia de un sistema de transporte público de pasajeros moderno, decente, confiable y asequible.

Trasladarse en los principales centros urbanos del país, sea para ir al trabajo, para llevar a los hijos a las escuelas o para hacer alguna diligencia cualquiera, es uno de los principales problemas que enfrenta la mayoría de los dominicanos.

Muchos piensan que el Estado dominicano ha fallado en la provisión de servicios de educación y salud pública de calidad. También en la provisión de seguridad ciudadana. Debemos reconocer, sin embargo, que en los últimos años, a pesar de la profunda insuficiencia fiscal, el Gobierno ha estado esforzándose -en algunas áreas más que otras-, para poco a poco sobrepasar estas dilatadas deficiencias.

En el ámbito del transporte público de pasajeros, sin embargo, se ha hecho muy poco. La intervención más importante y beneficiosa ha sido el Metro de Santo Domingo. Algunos la critican porque entienden que son pocos los que se han beneficiado de la misma, un promedio diario de 213,605 pasajeros durante el pasado mes de abril. Estoy seguro que irán cambiando de opinión si escuchan la opinión que tienen del Metro esos “pocos” beneficiados y reconocen que el número de beneficiarios de este servicio está íntimamente relacionado con la cantidad y penetración de líneas que operen.

Casi 20 de cada 100 pesos que gastan las familias dominicanas se destina a transporte, sea para comprar vehículos, motocicletas, repuestos y mantenimiento, combustibles, y pasajes de aquellos que no disponen de vehículos propios para transportarse. En el caso de las familias de menores niveles de ingreso, el gasto en transporte como proporción del gasto total del hogar es todavía mayor.

La incapacidad del Estado dominicano para proveer soluciones efectivas, eficientes y sostenibles al problema del transporte público de pasajeros explica la explosión que se ha producido en el parque vehicular del país. En el 2004, se movían por nuestras calles, avenidas y carreteras 1.7 millones de vehículos. Hoy día circulan 3.8 millones. No es por casualidad que la congestión de tráfico en el Distrito Nacional es una de las más intensas de la región y que la República Dominicana, con 29.3 fallecidos en accidentes de tránsito por cada 100,000 habitantes en el 2013, ocupó la primera posición del Continente en este lamentable ranking.

El Gobierno dominicano, a través del ministro de la Presidencia, ha reiterado el anuncio realizado por el presidente Medina durante la campaña electoral de que en una eventual administración 2016-2020, el Gobierno ejecutaría un conjunto de acciones para solucionar este grave problema que nos afecta. Todos aspiramos que ese conjunto de acciones se enmarque dentro de una reforma integral y bien estructurada del mercado de transporte público de pasajeros.

Esta reforma debe partir de un diagnóstico claro a la situación actual, que luego de reconocer el caos prevaleciente, evalúe la estructura y características de la oferta del servicio de transporte público de pasajeros provisto por el Metro de Santo Domingo y las 12 Federaciones que controlan los 208 sindicatos de choferes a través de autobuses, minibuses, microbuses y carros de concho, mientras analiza la demanda del servicio, estimada preliminarmente en poco más de 3 millones de viajes (pasajes) por día en la gran capital, que a un precio promedio de RD$30 el pasaje arrojaría un gasto anual cercano a RD$25,000 millones.

La estrategia debe identificar las principales falencias del servicio, incluyendo la ausencia del transbordo, una facilidad que proveen los sistemas modernos de servicio público y masivo de pasajeros. Pero también las diversas facetas adoptadas por la intervención gubernamental en el sector, específicamente, los subsidios otorgados a través de la exención de combustibles a los operadores de ruta de transporte y del bono gas que reciben los choferes de concho.

La institucionalidad del sector debe ser analizada con profundidad y objetividad, a fin de evaluar las responsabilidades de la Amet, la OTTT, la Opret, el Fondet y la OMSA y determinar las ventajas que podría generar una bien ponderada reingeniería y consolidación en una sola entidad, si fuese posible y conveniente, para coordinar, supervisar y regular el mercado de transporte público de pasajeros.

La reforma debe reconocer las restricciones físicas que impone la geografía vial sobre la cual operaría el servicio de transporte público, tanto en la dirección este-oeste como en la norte-sur. Lamentablemente, Santo Domingo no exhibe el ancho de vialidad que se requeriría para que un sistema de transporte público basado en metrobuses (BRT) operando sobre carriles exclusivos en las rutas troncales, pueda atender una parte considerable de la demanda en ambas direcciones, mostrando la dirección norte-sur el mayor déficit de amplitud. Los sistemas de BRT se han popularizado en las últimas dos décadas, operando actualmente en 206 ciudades del mundo, incluyendo 67 ciudades latinoamericanas en la cuales movilizan 20.3 millones de pasajeros al día.

Todo apunta a un sistema de soluciones mixtas que incluiría nuevas líneas del Metro de Santo Domingo, sistemas de BRT en rutas con elevada demanda no servidas por el Metro y que permitan acoger la construcción o habilitación de carriles exclusivos, y finalmente, un conjunto de empresas proveedoras de servicios de transporte público de pasajeros en autobuses, minibuses, microbuses y automóviles para atender la demanda hacia y desde las estaciones y paradas del Metro y el MetroBus, respectivamente. Claro, retirando el ejército de chatarras andantes que transitan por las calles y avenidas de la gran capital.

Esta reforma sólo sería viable en el marco de una Alianza Público Privada (APP) sostenible en el tiempo. No la puede ejecutar sólo el Estado por tres razones fundamentales. Primero, no tiene todo el dinero que se requeriría. Segundo, porque en nuestro país sería difícil evitar que una empresa estatal de transporte público de pasajeros no abra su flujo libre de efectivo al clientelismo político. Y tercero, porque las reformas microeconómicas en las cuales el Estado expulsan a los privados del mercado, tienden a generar costos sociales y políticos que atentarían contra la implementación y sostenibilidad de la misma.

Una buena parte de la inversión pública requerida para la reforma integral del mercado de transporte público de pasajeros tendría que ser provista por el Estado dominicano. El grueso de esta inversión se destinaría a la construcción de nuevas líneas del Metro de Santo Domingo. ¿Posible fuente de los recursos? La venta de las plantas de carbón en Punta Catalina, las acciones del Gobierno en EGE Haina, EGE Itabo, ETED y Refidomsa, entre otros activos realizables a inversionistas privados. Los RD$1,000 (US$21.6) millones del Fondo que se ha constituido con el 25% del impuesto adicional sobre la gasolina y el gasoil establecido en la Ley 253-12, habría que incluirlos, pero todos sabemos que eso daría para muy poco.

Hay que contar con los empresarios que actualmente operan en el sector, tanto para el sistema BRT como para el resto de los segmentos de la oferta. Ellos están llamados a jugar un papel fundamental, invirtiendo recursos para la modernización de la flota vehicular que atendería la creciente demanda de transporte público en los próximos años. Con un sistema transparente y realista de tarifas de transporte, sería muy fácil estructurar con un pool de bancos nacionales el financiamiento necesario para que las federaciones de choferes que manejan actualmente la mayor parte de la demanda, transformadas en corporaciones o empresas privadas de transporte, puedan recibir estos financiamientos bajo la sombrilla de APP que constituirían con el Estado dominicano. Los miembros de las Federaciones y Sindicatos choferiles, utilizarían los valores de recuperación de las chatarras, los turnos y los derechos de ruta para determinar el monto de las acciones que cada miembro tendría en las empresas privadas de transporte que se crearían, abriéndose las puertas a un capitalismo con base popular cada vez más alejado de los paros del transporte.

No puede olvidarse que prácticamente el 100% de las transacciones que se mueven en el mercado de transporte público de pasajeros en el país se realiza en efectivo, estimulando una informalidad generalizada. Esta informalidad no sólo limita la posibilidad de negocios para las instituciones financieras del país. Afecta también a los propios empresarios federados y/o sindicalizados que sufren pérdidas no despreciables por hurto e indelicadezas, al no poder contar con tecnologías modernas de pago y cobro del servicio ofrecido que no requiera el uso de efectivo.

Es por eso que resulta altamente positivo lo planteado por el ministro de la Presidencia en el sentido de que una vez se haya avanzado en el conjunto de soluciones que está identificando un equipo de expertos contratados por el Gobierno dominicano para tales fines, procederán a invitar a los principales actores de este importante mercado para participar en la estructuración final de la reforma. Esta sería, sin lugar a dudas, una las más importantes y trascendentes reformas que podría ejecutar el Gobierno de Danilo Medina en el nuevo período que se inicia el próximo 16 de agosto.

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