La desgracia del ingeniero Alberto Holguín inició muy temprano en su gestión cuando se comprobó que uno de sus asistentes en el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) adquirió un inmueble en la avenida Abraham Lincoln donde hasta hace un tiempo funcionó una librería, el cual estaba tasado en 1.5 millón de dólares. Fue muy difícil desvincularlo de la operación debido a que el supuesto adquiriente era un pelagatos que incluso tenía varias sentencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia por la expedición de cheques sin fondos ascendentes a millones de pesos.
Aunque Holguín dispuso la separación de su aventajado asistente que pretendió llenar el cartón antes de comenzar el bingo, eso no evitó que las especulaciones le persiguieran hasta que se vio obligado a desbaratar el negocio. A quienes manejaron tras bastidores el caso -incluyendo instancias superiores- se les hacía cuesta arriba pensar que ese empleado del Inapa estuviese en capacidad financiera de disponer de 65 millones de pesos, a la tasa del dólar para entonces, para hacerse del inmueble. Las conjeturas giraron alrededor del verdadero propietario de la edificación, si bien eso quedó del tamaño de las especulaciones que siempre son grandes. Esa operación, ligada a denuncias de supuesto favoritismo en la asignación de contratos para la construcción de acueductos, fueron minando la confianza del entonces director ejecutivo del Inapa.
El hecho es que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa -por cierto un nombre más largo que su utilidad real- ha encaminado un expediente en el cual se encausa a Holguín bajo unas imputaciones que el Ministerio Público deberá probar en justicia. Sin embargo, la solicitud de apertura a juicio que está pendiente de debatirse la próxima semana manda una señal que debe ser percibida por todos los funcionarios públicos, pues Holguín dirigió uno de los principales movimientos electorales -el conocido como Avalancha- que estuvieron en la vanguardia del sector externo en apoyo al presidente Danilo Medina desde antes de que fuera candidato en 2012. Significa este proceso que el jefe del Estado no pretenderá detener las acciones judiciales que se emprendan contra funcionarios gubernamentales sin importar el grado de cercanía o el compromiso político que haya mediado. Un mensaje bien claro para todos.
