Jueces y demás trabajadores del sistema de justicia evalúan diversos mecanismos de lucha a fin de lograr que el Poder Ejecutivo asigne el 2.66% del presupuesto para la Justicia y, de esta forma, dar cumplimiento a la Ley 194-04.Entre los escenarios que plantean los magistrados, destacan concentraciones pacíficas, un recurso de amparo de cumplimiento a la ley, la acción de inconstitucionalidad e incluso actividades “no tan pacíficas”, de ser necesario.
A pesar de que recientemente el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Mariano Germán Mejía, mostró su desacuerdo con el proyecto de presupuesto presentado por el Ejecutivo ante el Senado, todo parece indicar que nuevamente se dejará a este Poder sin lo que realmente le corresponde de acuerdo a la Ley 194-04: el 2.66% del presupuesto.
Germán Mejía señaló, a través de un comunicado de prensa, que el PJ sometió una asignación de RD$14,329 millones para el año 2017, con el propósito de conjurar las dificultades que acarrea, como producto de la falta de recursos que impiden el cumplimiento de una serie de metas con miras al fortalecimiento del acceso a la justicia.
En qué se usarán los recursos
El titular de la SCJ, señaló que con estos recursos se abrirían 98 tribunales creados por ley que no están en funcionamiento por falta de recursos y la gestión de locales propios para 133 juzgados de Paz que operan en estructuras alquiladas, algunos en casas de madera y con letrina y hasta en furgones, como el Distrito Judicial de Santo Domingo, entre otros proyectos.
Sin embargo, el presupuesto del Ejecutivo para el próximo año sólo contempla una partida presupuestaria de RD$800 millones adicionales al presupuesto vigente del 2016, estimado en RD$5,606 millones que están en ejecución.
Frente a esto, los trabajadores del sector justicia han elevado su voz de protesta y aseguran que con la violación a la ley, al no otorgar el 2.66%, se afecta considerablemente la autonomía funcional, administrativa y presupuestaria del PJ.
La jueza Ysis Muñoz, quien participó ayer en una mesa de trabajo organizada por la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) para tratar el tema de la autonomía del Poder Judicial, recordó que las fuerzas políticas del país no acaban todavía de entender cuál es el fundamento de esta lucha.
Destacó que lo que comenzó como un reclamo, al no tener la respuesta en el marco legal, se ha convertido en una lucha y desde esa perspectiva, no se van a detener. “Vamos a agotar todos los recursos legales, pacíficos y no tan pacíficos, si fuera necesario, hasta lograr doblegar al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo de manera que se sujeten a la norma jurídica”, agregó.
Manifiesto del 1 de agosto
También, para el jurista Claudio Aníbal Medrano, las acciones que vienen desarrollando los jueces desde el primero de agosto, recogen las bases esenciales de todo lo que debe ser el discurso del reclamo de la asignación del presupuesto que establece la ley.
“Entre las bases del manifiesto, que presentamos al país el 1 de agosto, se expresan con claridad algunos puntos de partida como el hecho de que la Constitución reconoce la autonomía administrativa, funcional y presupuestaria del Poder Judicial y que somos un Estado democrático y social y de derecho que debe garantizar a la ciudadanía una justicia independiente.
Los jueces enfrentan dificultades con el seguro
La jueza del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Pilar Rufino, señaló que el proyecto de presupuesto de la nación, asigna una pequeña partida a la justicia que resulta insuficiente para satisfacer las necesidades básica de uno de los poderes fundamentales para el país: el Poder Legislativo.
“Es imperante que se asignen los recursos necesarios para dar respuesta a problemas como la infraestructura, la dotación y las condiciones salariales de los integrantes del sistema de justicia”, añadió.
Rufino explicó que por ejemplo los jueces tiene problemas con el seguro de salud, que debería ser corporativo plus y que cuando se enferman o requieren de algún servicio médico y van a las clínicas u hospitales, les indican que sólo tienen una póliza básica.
“Yo, gracias a Dios tengo buena salud, pero he escuchado que los niveles del seguro de salud son malos y no es justo que a pesar de la responsabilidad que desempeñamos en el país, nuestro seguro sea básico”, aseveró.
Recordó que los magistrados tienen más de tres años sin recibir un aumento salarial y que el incremento del presupuesto podría contemplar una mejora de los sueldos y enfrentar otros aspectos neurálgicos como las condiciones de los palacios de justicia.
