Cuando el presidente de la República, Danilo Medina, asumió su segundo período de gobierno el pasado 16 de agosto, aseguró que durante los próximos cuatro años impulsaría un Plan de Acción para el Combate de la Corrupción. Este plan tiene como propósito encarar el enriquecimiento ilícito en la administración pública y prevé lograrse a través de una severa sanción a la corrupción en el ámbito administrativo y judicial, con la promoción de reformas al Código Penal para incluir algunos castigos contemplados en las convenciones internacionales ratificadas por el país.
La decisión obedece al hecho de la percepción que tiene la ciudadanía sobre este flagelo, y a que el Foro Económico Mundial en su informe sobre Ética y Corrupción, donde se evaluaron 138 países, ubicó a la República Dominicana como el octavo país más corrupto del mundo.
Frente a esto, el embajador de Estados Unidos en República Dominicana, James Wally Brewster, aseguró en una entrevista televisada que “uno de los más recientes estudios clasificó a República Dominicana entre las 10 principales naciones más corruptas en el mundo. Me motiva a cuestionar a aquellas personas que dicen que no debemos hablar de este tema, cuando hay tantas empresas estadounidenses e intereses norteamericanos aquí o cuando los ciudadanos de Estados Unidos quizás no puedan sentirse seguros porque no confían en las instituciones, ya sea en el sistema judicial o policial, o en otras áreas”.
A lo que el presidente Medina respondió: “Es muy peligroso hablar en sentido generalizado y quiero preguntarle cuál es la corrupción de que habló y los escándalos que han surgido en el gobierno”.
Hubo 5 condenados
Además, este año sólo se conocieron cinco grandes casos sobre corrupción, lo que hace pensar que la lucha contra este flagelo, será un objetivo primordial para la administración de Medina en el presente cuatrienio.
El caso donde participaron funcionarios de la Dirección Central Antinarcóticos de la Policía Nacional (Dican) en el robo de 950 kilogramos de cocaína, fue conocido por el Primer Tribunal Colegiado de Santo Domingo, el cual condenó en septiembre a seis, de ocho, con condenas que van de 10 a 20 años de prisión.
A 20 años fueron condenados el exdirector del Dican, Carlos Fernández Valerio, Luciano Gómez Cabrera y Máximo Díaz Ogando. Mientras que a Pedro Almánzar González se le ordenó cumplir una pena de 15 años, y el exfiscal Ramón Veras Castro y el exteniente coronel Félix Humberto Paulino López, recibieron penas de 10 años.
Otro de los casos fue el de la supuesta entrega de contratos sin licitación en el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, caso por el cual se les dictó medida de coerción, consistente en prohibición de salida del país y presentación periódica al exdirector de la institución Alberto Alcibiades Holguín y a la ingeniera Sobeida Perdomo.
Ambos imputados fueron sometidos a un juicio preliminar en el que el Séptimo Juzgado de la Instrucción, presidido por la jueza Kenya Romero, encontró elementos suficientes para ordenar un juicio de fondo que conocerá el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional a partir del 10 de enero del próximo año.
Presunta extorsión en la OISOE
También, se abrió juicio preliminar por presunta extorsión a contratistas de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), por parte de trabajadores de esa dependencia; razón por la cual se habría suicidado el año pasado en la sede del organismo el arquitecto David Rodríguez, quien dejó una nota señalando a Yoel Soriano Fabián y Alejandro de los Santos de haberle hecho incurrir en deudas impagables.
Durante la fase preliminar, el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, presidido por la jueza Patricia Padilla, recibió la acusación del Ministerio Público en contra de Joel Soriano Fabián y Alejandro Isidoro de los Santos (exempleado de OISOE); el abogado Julio Rafael Pérez Alejo y Juan Ernesto Romero Pérez, a quienes acusa de asociación de malhechores y extorsión, y ordenó un juicio de fondo.
Este proceso, será conocido también por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, presidido por la jueza Giselle Méndez el próximo 18 de enero. Por este caso, se encuentran cumpliendo prisión preventiva Alejandro de los Santos Serrano, Yoel Soriano Fabián y al abogado Julio Rafael Pérez Alejo.
En el sonado caso de los ocho aviones Super Tucano, adquiridos por el Estado dominicano a través de una compra realizada a la Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A (Embraer) y por el cual se habría pagado un soborno de 3,5 millones de dólares a funcionarios dominicanos, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) imputó al mayor general y exministro de defensa, Pedro Rafael Peña Antonio, al coronel Carlos Piccini Núñez y a los empresarios Daniel Aquino Hernández y Daniel Aquino Méndez.
Sobre ellos pesan medidas de coerción consistentes en prohibición de salida del país y presentación periódica, a excepción de Piccini Nuñez, quien guarda prisión preventiva.
Pero los casos de corrupción no sólo se quedaron en dependencias gubernamentales, sino que también salpicaron al sistema de justicia tras develarse una presunta red de jueces que se dedicaban a negociar sentencias a favor de personas vinculadas al crimen. El Consejo del Poder Judicial destituyó a los jueces Rosó Vallejo Espinosa, de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo; José Duvergé Mejía, de la Segunda Sala del Juzgado de Trabajo de esa jurisdicción y Víctor Mejía Lebrón de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo.
Los consejeros tomaron la decisión, tras determinar que los jueces cometieron faltas graves y violaron el Código de Ética del Poder Judicial. Sin embargo, hasta ahora no se ha ordenado un juicio penal por esta causa. Además, el CPJ mantiene un juicio disciplinario contra la suspendida jueza Awilda Inés Reyes Beltré, cuyo proceso continuará este 19 de diciembre y aceptó la renuncia del exconsejero Francisco Arias Valera, también procesado.
