¿Qué se estila en Occidente, específicamente en Estados Unidos y Europa, cuando las empresas incurren en prácticas que contravienen las leyes tales como promoción ilegal; prácticas monopólicas; colusiones para inflar precios; manipulaciones de precios incluyendo tarifas de servicios públicos, tasas de interés y tasa de cambio; sobrefacturaciones a los gobiernos; conformación de carteles; sobornos; realización de transacciones con gobiernos enemigos; prácticas manufactureras deficientes; violaciones y daños medioambientales; distribuciones ilegales; ocultamiento de información; estructuración de productos financieros con colaterales basura; prácticas ilegales y discriminatorias en los servicios de tarjeta de crédito; participaciones en esquemas Ponzi; asignaciones ratings inflados a títulos financieros basura; violaciones en el uso de patentes, entre otras?
Los gobiernos y las entidades regulatorias generalmente establecen multas o penalizaciones monetarias en función del daño generado por la práctica violatoria.
¿Podrían identificarse casos que validen esa afirmación?
En el período 2010-2016, los gobiernos de Estados Unidos y Europa han establecido multas a cientos de empresas globales ascendentes a US$316,311 millones.
El sector financiero ha sido uno de los más penalizados. Bank of America, por ejemplo, ha tenido que pagar multas durante ese período por un total de US$55,567 millones. Le siguen JP Morgan con 28,047; Citibank 14,607; Deutsche Bank 12,564; BNP Paribas 10,445; Wells Fargo 10,413; Goldman Sachs 9,090; Credit Suisse 8,301; UBS 5,360; Morgan Stanley 4,857; HSBC Bank 4,008; Barclays 3,634; Royal Bank of Scotland 2,237; Sun Trust Bank 1,448; Commerzbank US$1,101; Rabobank 800; State Street Bank 696; ING Bank 619; Merrill Lynch 547; Julius Baer 547; Credit Agricole 457; Countrywide Financial 443; Societe Generale 424; U.S. Bank 408; Standard Chartered Bank 359; y otros 17 bancos 3,126.
Pero también han sido penalizadas las farmacéuticas, encabezadas por GlaxoSmithKline con US$3,750 millones, seguida por Johnson & Johnson 2,200; Abbot 1,627; Teva-Cephalon 1,200; Merk Sharpe & Dohme 1,600; Novartis 813; Amgen 762; SB Pharmco Puerto Rico 750; Pfizer 785; Allergan 600; AstraZeneca 520; Ranbaxy USA 500; Daiichi Sankio 500; Wyeth Phamaceuticals 491; Servier 438; y otras 8 farmacéuticas 1,479.
La industria de automóviles y repuestos también ha tenido que pagar multas considerables. La más penalizada ha sido Volkswagen con US$14,700 millones, seguida por Toyota 1,200; Daimler 1,117; General Motors 900; DAF 833; Volvo/Renault 742; Rolls-Royce 718; INA-Holding Schaeffler 619; Iveco 548; Yazaki 470; Bridgestone 425; AB SKF 419; Mitsubishi Electric 412; Hyundai 203 y otras 7 empresas 1,149.
Lo mismo sucede en el sector de minería, energía y electricidad. El pelotón es comandado por British Petroleum con US$32,463 millones, seguido por Anadarko 5,150; Transocean 1,400; Wisconsin Power & Light 1,011; Alstom 772; Hovensa 705; Northern Indiana Public Service Co. 613; Westar Energy 509; Alpha Natural Resources 437; Tesoro 426; Alcoa 384; Marathon Petroleum 335; Hecla Mining 263; Total 245; Schlumberger Oilfield 233; Consol Energy 206; Enbridge Energy 177; Dairyland Power Cooperative 156; Murphy Oil 145; Shell 118; y Duke Energy 102.
Recientemente algunas de las empresas tecnológicas principales de Estados Unidos y Corea han tenido que pagar multas o han recibido notificaciones de que podrían tener que hacerlo si la justicia lo decide. El grupo es liderado por Apple, que enfrenta una notificación de la Unión Europea que la obligaría a pagar US$14,390 millones, seguida por Google con multas pagadas ascendentes a US$3,720 millones; Qualcomm 1,828; Microsoft 745; Samsung 203; y Oracle 200.
En el área de ingeniería y construcción, a la empresa brasileña Odebrecht, que recientemente acordó pagar US$260 millones al Gobierno de EUA, un monto similar al que pagará al de Suiza y U$2,080 millones al Gobierno de su país, le acompañan otras empresas globales como la alemana Siemmens con US$951 millones pagados a la Unión Europea y a Grecia; la francesa Technip y la italiana Snamprogetti con US$240 millones pagados por cada una al Gobierno estadounidense; y la japonesa JGC Corporation con US$219 millones de multa pagada al Gobierno de EUA.
¿Los gobiernos que establecieron multas a esas empresas, en los casos en que dichas empresas estuviesen ejecutando proyectos, detuvieron y/o suspendieron su ejecución?
No. El modelo occidental asume que los costos que se derivarían de la suspensión o cancelación de contratos en ejecución son mucho más altos que los beneficios que podrían derivarse de la sustitución de esas empresas. En la mayoría de los casos esas empresas, cuando han sido contratadas para la ingeniería, construcción y procura de un proyecto, están obligadas contractualmente a proveer al contratante una garantía de fiel cumplimiento de contrato, generalmente establecida como un porcentaje del valor total del contrato. Difícilmente, una empresa sustituta estaría en disposición de ofrecer una garantía de fiel cumplimiento cuando la ejecución realizada por la empresa sustituida registra un avance significativo.
La evidencia revela que los gobiernos occidentales penalizan las faltas e irregularidades pero evitan la sustitución de las empresas contratadas. Evitan a toda costa sustituirlas, pues los costos que tendrían que asumir los Estados por concepto de retrasos podrían ser considerables.
¿Pero que tan altos pueden ser los costos producidos por el retraso de estos proyectos?
Cada proyecto es diferente, pero la experiencia aconsejaría evitarlos a toda costa. Hay un ejemplo reciente, que debería alertar sobre la importancia de evitar retrasos: el Proyecto de Ampliación del Canal de Panamá.
Grupos Unidos por el Canal (GUPCSA), consorcio encargado de la construcción de la obra, conformado por la española Sacyr, la italiana Impregilo y la belga Jan de Nu, firmó un contrato por US$5,250 millones, de los cuales US$3,118 millones correspondían a la construcción del nuevo juego de esclusas. El auditor del Proyecto, Ernst & Young, han incluido en su auditoría pasivos contingentes al 15 de diciembre del 2016 por US$3,277.7 millones, correspondientes a reclamaciones de GUPCSA debido a sobrecostes por retrasos. Los mismos auditores indican que luego del cierre, recibieron notificaciones por dos reclamaciones adicionales que llevarían el total de los sobrecostes reclamados por el consorcio a US$5,673 millones. GUPCSA señala que parte del retraso que sufrió la obra fue debido al rechazo reiterado por parte de los técnicos del Canal, de la mezcla de cemento para las esclusas. Incluso, la obra se detuvo en el 2013 por discrepancias sobre los sobrecostes. El caso se encuentra actualmente en la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI.
Es por eso que lo prudente es ponderar muy bien las decisiones a tomar cuando se producen situaciones imprevistas con empresas contratistas. Los estadounidenses y europeos lo tienen claro. Se establecen y cobran las multas correspondientes, pero evitan a toda costa paralizar los proyectos en ejecución y mucho menos dar el salto al vacío de sustituir al contratista inicial por uno nuevo, con lo cual el retraso sería considerable, pudiendo dar lugar a sobrecostes adicionales.
¿Pero si la evidencia revela que algunas empresas financieras y farmacéuticas, por ejemplo, han violado las leyes en múltiples ocasiones a pesar de las multas, no habría sido mejor simplemente cerrarlas, impedirles que vuelvan a operar y hacer negocios?
Si el colapso de Lehman Brothers el 15 de septiembre del 2008 generó una crisis global que llevó al mundo una larga recesión, el cierre de todos los bancos, empresas farmacéuticas, energéticas, mineras y automovilísticas que hayan incurrido en múltiples violaciones, nos llevaría de regreso a la Edad Media. Entre 2008 y 2016, Bank of America firmó 51 acuerdos de pagos de multas. Pero esto no ha llevado al Gobierno norteamericano a tomar la descabellada decisión de cerrar al segundo banco más grande de EUA. Las farmacéuticas GlaxoSmithKline y Pfizer han firmado 31 acuerdos cada una entre 1991 y 2015; pero a nadie se la ha ocurrido la idea de clausurarlas.
El modelo occidental reconoce que esas empresas, independientemente de los errores que hayan cometido, crean empleos, generan riquezas y pagan impuestos. Por eso, en vez de clausurarlas, opta por la fijación de multas, evitando en todo momento entorpecer su proceso de recuperación y crecimiento.
