Señalar que el país se encuentra en una crisis sin precedentes o que está al borde de una interrupción de su actual período constitucional, es propio de un análisis irresponsable de la realidad dominicana. Esta perspectiva más bien trata de ajustar la realidad a los deseos y por conveniencias, prefiere renunciar a la objetividad. Es cierto que el momento político actual es de una alta complejidad y por lo tanto, requiere de un análisis que contribuya a su mayor compresión, pero este debe realizarse desde una visión que ayude a generar las propuestas necesarias para afianzar el régimen democrático.
Desde hace algunos años el contexto institucional de la República Dominicana viene experimentando cambios importantes, que podrían entenderse como el cierre de un ciclo político. Estos cambios a su vez, podrían significar la oportunidad para que el país dé un salto definitivo hacia la superación del Estado patrimonialista que ha prevalecido aún después del ajusticiamiento de Trujillo y de la derrota del régimen balaguerista en el año 78.
Ahora bien, ¿cuáles elementos permiten hablar de cambios políticos? Entre otros, se pueden destacar: las serias dificultades para que algunos liderazgos tradicionales, expresión del conservadurismo político, puedan regresar y perpetuarse en el poder; los avances en áreas sociales fundamentales, como la inversión en educación; el rol de los medios de comunicación y las redes sociales en la reducción de los espacios para la discrecionalidad en la administración pública y la activa movilización ciudadana en temas sociales e institucionales.
Como es de esperarse, estos acontecimientos generan conflictividad a nivel social y político. Esta es una expresión normal de la lucha de poder, sobre todo cuando hay cambios. Por ejemplo, algunos de estos conflictos se dan por la resistencia al quiebre del diseño institucional estructurado para proteger a determinados grupos políticos. Otros grupos, los de poder económico, se resisten a asumir una mayor responsabilidad en materia fiscal o a renunciar a sus beneficios escandalosos en áreas de servicios a los ciudadanos asociadas a derechos fundamentales, como la seguridad social.
Se debe insistir en que estos conflictos no suponen una crisis inminente o una crisis de legitimidad como vaticinan los profetas del desastre. Con la acción social y el compromiso de las autoridades, los momentos actuales deben plantearse como una oportunidad para la promoción de cambios profundos en las instituciones políticas del país, de manera que estén al servicio de los ciudadanos, enfrentando la impunidad y sobre todo, llevando a cabo políticas públicas que generen una mayor equidad y garanticen el ejercicio de los derechos de los dominicanos y dominicanas.
