“Cámara urge de nuevo marco legal para ser funcional”

A tres meses de su juramentación como presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez tiene bien establecida su agenda de trabajo: ocuparse en la modificación del marco jurídico que permita al máximo órgano fiscalizador del Estado ser&#8230

A tres meses de su juramentación como presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez tiene bien establecida su agenda de trabajo: ocuparse en la modificación del marco jurídico que permita al máximo órgano fiscalizador del Estado ser una entidad funcional. Para Álvarez Pérez, éste y una mayor asignación presupuestaria son los dos grandes retos que enfrenta la oficina fiscalizadora al realizar su trabajo. Pero los desafíos de este Pleno, que fue juramentado el pasado 3 de febrero, iniciaron temprano. El 21 de abril, la Procuraduría General de la República solicitó a la entidad realizar auditorías forenses a las obras ejecutadas en el país por la constructora Odebrecht, para determinar si hubo sobrevaluación en estas.

Sin embargo, desde el punto de vista de Álvarez Pérez como abogado, la Cámara de Cuentas no tiene facultades legales para realizar este tipo de trabajo.

“Es una auditoría muy especializada y si examinas el artículo 10 de la Ley 10-04 sobre Cámara de Cuentas, nosotros no tenemos esa capacidad dentro del marco legal, sí tenemos la capacidad técnica”, dijo el funcionario durante una entrevista concedida a elCaribe, donde habló además de las acciones que está ejecutando la entidad para mejorar la transparencia gubernamental.

La Procuraduría General de la República les solicitó hacer auditorías a las obras construidas por Odebrecht en el país, ¿cómo va ese trabajo?
Nosotros fuimos apoderados por parte de la Procuraduría de la República a realizar auditorías forenses a las obras ejecutadas en el país por esa empresa. Son en total 17 obras que necesitan de un personal técnico capacitado, en ese sentido, estamos haciendo las consultas necesarias.

Lo primero es que estamos examinando nuestra propia competencia, aunque este no es un tribunal, todas las entidades deben examinar su competencia, a ver si conforme a la ley 10-04, nosotros tenemos competencia de hacer auditorías forenses. Tenemos informe del departamento legal y lo estamos evaluando. Te remito al artículo 10 de la ley 10-04 que es sobre nuestra competencia. Habla de auditoría de gestión, auditoría financiera e investigaciones especiales. No habla de auditoría forense.

¿Es decir, que ustedes no tienen competencia para realizar este tipo de auditorías?
Podríamos decir que no, pero sí tenemos competencia para hacer investigaciones especiales. La auditoría forense es una auditoría especializada que ordena prueba o verificación, cuando hay disposiciones que contravienen la ley penal, ya sea por estafa o fraude, ese tipo de auditoría desde mi óptica como abogado, la tiene que ordenar un juez o el Ministerio Público. Si bien el Ministerio Público podría auxiliarse de la Cámara como auditores externos, pero esa es una idea que yo aporto como abogado, no quiere decir que sea la opinión del Pleno.

Sería, por ejemplo un juez, ordena una auditoría forense y como el Poder Judicial solo tiene auditores para asuntos internos, se podría solicitar auxilio de un organismo, tanto como el nuestro, que somos el órgano de control de auditoría externa o de la Contraloría General de la República. Pero desde mi óptica como abogado, debe ser ordenada por un juez o por ejemplo: yo (Ministerio Público) hago y solicito el auxilio técnico, tanto de la Contraloría como de la Cámara.

¿Estaríamos entonces dentro de un conflicto por un marco jurídico?
Aún lo estamos examinando. Estamos en fase de consulta, es mi opinión personal, no del Pleno, porque el Pleno aún no ha tomado una decisión en ese sentido.

¿Cómo valora la gestión que le precedió?
El pleno anterior hizo un gran trabajo, de organización, contratando un personal capacitado. Nosotros en ese sentido, hemos respetado eso. No tenemos que ver con bandería política, sino con las capacidades técnicas. A nuestra llegada, solo ha sido removido el personal de confianza de los nuevos miembros del Pleno como son secretarias, asistentes, personal de seguridad.

¿Cuáles son las acciones que está ejecutando la Cámara de Cuentas para fortalecer la transparencia?
Este Pleno tiene muchas ideas innovadoras que algunas ya están en ejecución. Por ejemplo, el Ojo Ciudadano, una plataforma informática, que permite al ciudadano realizar denuncias de todo aquel que maneja fondos públicos.

También tenemos un acuerdo que está en revisión con la Dirección General de Impuestos Internos, para intercambiar informaciones sobre el patrimonio de los funcionarios. Porque a veces hacen declaraciones diferentes a ambas instituciones, a través del cruce podemos detectar irregularidades.

Del mismo modo continuamos trabajando con la Mesa de Control, que se realiza cada dos meses donde participan todos los órganos de control del Estado, con el apoyo del PNUD.

Cuando usted asumió la presidencia de la CC habló de su reto frente a la municipalidad. ¿Ha iniciado el trabajo con ese sector?
Iniciamos planes para ayudar a la municipalidad en sus declaraciones. También tenemos un programa donde los ayuntamientos y las ONG van a hacer una sola declaración a un organismo y así ellos no tienen que hacer múltiples informes, sino uno solo. Esto ayudaría a eliminar la burocracia.

En la Mesa de Control salió la necesidad de cambiar el marco legal de la ley 170- 07 de presupuesto participativo municipal, debido a que hemos detectado fallas. También hemos detectado fallas en cuanto a la ley 122-06 sobre Organizaciones sin Fines de Lucro. Ahora mismo, ninguna de las organizaciones de control del Estado tenemos un mecanismo legal que nos permita accionar en contra de la municipalidad y las ONG.
Las instituciones de control estamos trabajando en someter un proyecto de ley con modificaciones en ese sentido.

¿Qué incluirían estas modificaciones?
De la ley 3-11 sobre la declaración jurada de bienes, creemos que se debe cambiar el marco legal, para que la Cámara de Cuentas pueda solicitar directamente la retención de los salarios de los funcionarios que incumplen con ese mandato constitucional y legal. Ahora mismo nosotros solo podemos hacer recomendaciones y no podemos actuar.

También estamos procurando tener la facultad legal de accionar directamente, si determinamos que hay violaciones de carácter civil y administrativo. Buscamos, representar al Estado para solicitar indemnizaciones y reposición de los fondos que se determinen hayan sido ilegalmente apropiados.

Pensamos que antes de septiembre se podrían someter al Congreso.

Además de esas limitaciones legales, tenemos de orden presupuestario. El trabajo de auditoría es muy costoso.

A usted lo acusan de ser peledeísta, y que el partido de Gobierno controla la CCRD. ¿Qué hay de cierto en eso?
No soy político, soy un ciudadano común que ejerce su derecho al voto. Con respecto a la miembro Margarita Melenciano, que expresó su simpatía política, se le respeta. Solo nos ocupa su capacidad técnica que está probada.

Modificación
Es imperativo cambiar el marco legal de varias leyes, que nos permitan accionar directamente. Es nuestro gran reto para ser funcional”.

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