Uno de los temas centrales de la pasada campaña electoral de los EE. UU., fue la necesidad de reformar el sistema tributario de ese país con el objetivo de elevar su capacidad de recaudar y reducir el dilatado déficit fiscal responsable de que la deuda pública federal, a final del 2016, fuese equivalente a 107% del PIB.
El Presidente Donald Trump y los representantes del Partido Republicano han indicado que la reforma tributaria era impostergable. Hace unas semanas, la nueva administración norteamericana dio a conocer los aspectos fundamentales de la reforma tributaria que sometería a la consideración del Congreso.
La opinión generalizada es que dicha reforma, la cual a) reduciría la tasa máxima del impuesto sobre la renta de las personas físicas de 39% a 35% y la tasa corporativa de 35% a 15%, b) ofrecería una tasa de 10% para los beneficios pendientes de repatriación obtenidos por empresas norteamericanas en el exterior, y c) eliminaría una serie de deducciones y “loopholes” que reducen significativamente la tasa efectiva de impuesto que terminan pagando las empresas y las personas físicas, posiblemente generaría un aumento del déficit, más aún si se tiene en cuenta que la administración Trump tiene previsto ejecutar un ambicioso y necesario programa de inversión pública en infraestructura física.
Cuando uno analiza detenidamente el sistema tributario norteamericano, observamos que el mismo recauda un 26% del PIB, siendo el impuesto sobre la renta de las personas físicas, con 10.7%, la figura que más aporta.
En la medida en que uno sigue adentrándose en el análisis del sistema tributario de EE.UU., puede comprobar que uno de los problemas del mismo es que este no se ha acoplado de manera transparente con la dinámica global de reducción en la tasa promedio de impuesto sobre la renta de las empresas, lo que ha llevado al Gobierno norteamericano a expandir el abanico de deducciones permitidas.
Así, aunque la tasa corporativa nominal es de 35%, la efectiva es ligeramente inferior al 20%. Eso explica el porqué en el 2015, las recaudaciones del impuesto sobre la renta de las empresas en los EE UU apenas representaron 2.2% del PIB, por debajo del 2.8% en los países de la OECD y del 4.9% de Chile.
La administración Trump se propone mejorar la efectividad recaudatoria del impuesto corporativo reduciendo la tasa a un 15% mientras elimina la mayor parte de las deducciones y “loopholes”. Muchos temen que esta rebaja nominal de la tasa corporativa y el recorte de 4% en la del impuesto sobre la renta de las personas físicas, aunque simplifican el sistema, probablemente reducirían las recaudaciones y elevarían el déficit, pues no creen posible que la economía norteamericana pueda moverse del bajo crecimiento que exhibe actualmente al nivel de 4% que proyecta la administración Trump bajo su nuevo programa económico.
Cuando observamos el sistema tributario norteamericano resalta la baja recaudación que obtiene el Gobierno de los impuestos al consumo. Mientras en los países de la OECD y Chile las recaudaciones generadas por los impuestos al consumo (IVA e impuestos selectivos) representaron en el 2015 cerca del 11% del PIB, en los EE. UU., estos apenas generaron 4.4% del PIB.
La tradición tributaria de ese país ha sido gravar más la renta y menos el consumo, quizás motivada por el criterio de que los mejores y más justos sistemas tributarios son aquellos donde la mayor parte de las recaudaciones se origina en los impuestos directos.
Cuando se adopta este criterio parecería que no se tienen en cuenta los problemas de desincentivos al trabajo y a la inversión que generan los impuestos “progresivos” sobre los ingresos, ni los beneficios dinámicos que pueden obtenerse desincentivando el consumo dispendioso, estimulando el ahorro a través de la posposición del consumo y posibilitando la inversión que permite el aumento del ahorro interno.
Una de las principales deficiencias que tiene el sistema impositivo norteamericano es la inexistencia del Impuesto al Valor Agregado (IVA). A nivel estatal y local existe el impuesto sobre las ventas o “sales tax”, que oscila entre 1.76% (Alaska) y 9.45% (Tennessee), con cuatro estados (Delaware, Montana, New Hampshire y Oregon), donde no existe este impuesto. En el 2015, las recaudaciones totales de los diferentes “sales tax” en los EE. UU., apenas representaron 1.6% del PIB.
La otra gran deficiencia es el bajo gravamen sobre el consumo de combustibles. En el 2016, la totalidad de los impuestos federales y estatales al consumo de gasolina premium sin plomo, por ejemplo, fue de US$0.4886 por galón, uno de los más bajos del mundo.
En Europa, el impuesto por galón de gasolina oscila entre US$2.40 (España) y US$3.80 (Holanda), entre cinco y ocho veces más elevado que en EE. UU. En el caso de República Dominicana, el impuesto actual sobre la gasolina premium es de US$1.81 por galón.
Una de las mayores contribuciones que haría el Presidente Trump a su país sería la de corregir esta enorme distorsión representada por los bajos impuestos sobre el consumo de combustibles existentes en la economía del mundo que más combustibles consume.
Trump señaló recientemente que le parece una buena idea elevar el impuesto federal sobre los combustibles para financiar su programa de infraestructura vial. Ojalá lo haga y reciba el apoyo de los demócratas, más aun si se tiene en cuenta que esta necesaria reforma, además de reducir el déficit fiscal existente, contribuiría a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero que realiza la principal economía del mundo. l
