Existe en el mundo político una mínima aceptación de la idea de que las campañas y el ejercicio de la política no pueden continuar por el derrotero que han llevado. El intento de instituir una ley que regule la actividad de los partidos ha cobrado cuerpo entre los legisladores de la comisión bicameral que lleva esa agenda, pero el comportamiento de las jefaturas hace pensar que no tienen mucho interés en esa cuestión.
La realidad sin embargo es que antes de que sea demasiado tarde, hay que elaborar una normativa que permita transparentar por lo menos la operatividad de los partidos, en muchos sentidos. En su administración interna, y con ella, en el manejo de los cientos de millones de pesos que reciben del Estado y de particulares.
El planteamiento es estimulado por la revelación de un estudio del Observatorio Político Dominicano (OPD), auspiciado por la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), bajo la conducción de Vladimir Rozón García, que analiza el impacto del dinero en la administración partidaria y en las campañas políticas.
En otros momentos hemos comentado acerca del encarecimiento de las campañas políticas y cómo el dinero se convierte en una limitante para los ciudadanos que tienen vocación de servicio público y pretenden canalizarla a través de los partidos políticos.
Todo eso ocurre por la discrecionalidad y la opacidad con que se manejan “los dineros de campaña” y en la administración de los partidos.
Rozón García dice que el decisivo impacto del dinero es consecuencia de la falta de regulación de las campañas, la ausencia de límites en los gastos y de fiscalización. Pero lo peor de todo es que tampoco existe un régimen de sanciones cuando se presenta a la Junta Central Electoral (JCE) el informe de los gastos al término de las campañas.
En la historia electoral dominicana difícilmente se encontrará una rendición honesta de cuentas a la JCE de los propios fondos que ésta suministró a los partidos, antes y durante las elecciones.
Probablemente estemos perdiendo el tiempo en estas disquisiciones, porque llegarán las campañas y los partidos continuarán en las mismas, sin ley electoral reformada y sin ley de regulación de las organizaciones políticas.
