El Tribunal Superior Administrativo(TSA) conocerá mañana la solicitud de medida cautelar interpuesta por la Alcaldía de Santo Domingo Norte que busca quitar la administración de Duquesa a la empresa Lajún Corporation.
Recientemente, el Ministerio de Medio Ambiente anunció que avanza en la conformación de la organización sin fines de lucro que se hará cargo de este vertedero en caso de que el tribunal falle a favor del pedido de anulación del contrato con esta compañía.
La comisión la conforman la Asociación de Industriales de Herrera, la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), la Academia de Ciencias, el clúster turístico y la Organización Nacional de Comerciantes (ONEC).
La crisis en el vertido se agudizó el pasado fin de semana, cuando choferes de las compañías recolectoras tiraron la noche del viernes los desperdicios recogidos a la entrada del botadero ubicado en Santo Domingo Norte. Al día siguiente el ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez realizó una rueda de prensa desde este vertedero. La situación se regularizó el domingo y todavía ayer las volquetas de los diferentes ayuntamientos del Gran Santo Domingo vertían con normalidad.
Ante esta acción, la empresa Lajún Corporation emitió dos comunicados acusando a Domínguez Brito de buscar una atención positiva para sí con fines electorales. En otras palabras, lo acusó de capitalizar la crisis en el servicio. Aún más, la empresa afirma que puede probar que el vertido irregular a la entrada del vertedero contó con el permiso del Servicio de Protección Ambiental, adscrito a Medio Ambiente.
“La orden ejecutiva impulsada desde el Ministerio para que el juez decida el destino de Lajún parece que no le es suficiente al ministro Brito y sus conniventes de la conspiración (autoridades municipales, partidos políticos que desean controlar el negocio para influencia política), impulsando una operación ilegal de madrugada para culpar a Lajún Corporation y destacarse políticamente como el solucionador del problema de Duquesa a costa de dilapidar una inversión extranjera legítima que solo necesita un precio justo” sostiene. Anterior a esto, Domínguez Brito se querelló contra la controversial compañía ante la Fiscalía de Santo Domingo argumentando daños al medioambiente y los recursos naturales. También impuso una multa de 16 millones de pesos.
