SAN SALVADOR (AP) — Un tribunal de sentencia del oriente de El Salvador condenó el viernes a 932 años de prisión a José Timoteo Mendoza Flores, uno de los cabecillas de una pandilla ligada a una estructura delincuencial formada por ex jueces, policías y abogados.
Mendoza Flores, de 38 años, alias “El Chory” o “Zope”, era uno de los cabecillas a nivel nacional de la pandilla Barrio 18 sureño. Él formaba parte de una “mega estructura” delincuencial en el oriente del país en la que participaban ex jueces y colaboradores de juzgados especializados, policías y abogados, los cuales se dedicaban a delinquir con esa pandilla y a comercializar ilegalmente droga a nivel internacional.
El jefe de la Fiscalía para la zona oriental, German Arriaza, explicó a los periodistas que en el caso denominado “Conexiones” hay 175 imputados, de los cuales 149 fueron condenados por el Juzgado de Sentencia de San Miguel.
Mendoza Flores fue condenado por 26 homicidios, cinco casos de extorsión, proposición y conspiración en el delito de homicidio y organizaciones terroristas, según un informe de la Fiscalía General de la República.
El pandillero, que guarda prisión en el penal de máxima seguridad conocido como Zacatraz, ya había sido condenado a 117 años de cárcel por otros actos criminales, los cuales, sumados a los 932, dan un total de 1.049 años. Pero una reforma al artículo 45 del Código Penal en 1912 señala que el encarcelamiento no puede ser mayor a 60 años.
Entre los condenados por su participación en esta estructura criminal se encuentran nueve policías, dos jueces y un juez suplente, dos colaboradoras jurídicas y cuatro abogados.
La Fiscalía informó también de las condenas a otros pandilleros: Nery David Salmerón González, a 256 años de cárcel; José Luis Guzmán a 235; José David Guidos Carrasco a 233; Héctor Alexander Pineda Benítez a 195, y José Armando Rivera Méndez a 173.
El resto de los implicados recibieron condenas menores.
Según la sentencia, los ex jueces fueron encontrados responsables de emitir resoluciones a favor de imputados ligados a las pandillas y de recibir favores de éstas, mientras que los colaboradores jurídicos por revelar datos de testigos protegidos y proporcionar información a la pandilla de las personas contra las que había órdenes de aprehensión emitidas por la Fiscalía.
Los policías colaboraban con la pandilla y con una estructura de narcotraficantes del oriente del país, a los que les facilitaban información, y en un caso le colocaron droga a una persona para acusarla de comercializar estupefacientes, según se detalló.
