El 22 de agosto del 2016, el alcalde del Distrito Nacional, David Collado, en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, señaló que heredó de su antecesor un ayuntamiento quebrado, con una deuda superior a RD$2,000 millones y sin ahorros para hacer frente a los RD$400 millones del sueldo 13 que tenía que pagar en diciembre. Es posible que los economistas de la oposición, al analizar la situación, recomendarían al alcalde reducir significativamente el gasto para resolver el problema de déficit e insolvencia financiera.
Si uno se adentra en las finanzas del Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN), es probable que puedan identificarse gastos reducibles. En un país donde los gobiernos Central y municipales enfrentan las presiones clientelares que emanan de nuestros partidos políticos, de seguro que algo se podría recortar. Pero plantear que la eliminación del gasto improductivo permitiría al ADN resolver su problema de insolvencia, sería una tomadura de pelo.
El problema fundamental que enfrenta el ADN y todos los ayuntamientos del país es que, al no haberse explicado en detalle a la población lo que cuesta a estos gobiernos proveer servicios de limpieza y ornato público, recolección, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos, entre otros servicios que prestan a los hogares y empresas del país, el populismo ha hecho acto de presencia en las instancias municipales que fijan los precios a cobrarse por la prestación de esos servicios.
Los precios que cobra el ADN por el servicio de recogida de desechos sólidos residenciales, comerciales, industriales, oficiales y mixtos, merecen ser llevados al Panteón de los Precios Mentirosos. Las actuales tarifas fueron ridículas cuando entraron en vigencia en enero del 2011 y hoy, en consecuencia, son 27% más ridículas si ajustamos por la variación acumulada en el IPC. Afirmar que vamos hacia una Dominicana Limpia en un país donde el principal ayuntamiento de la Nación cobra tarifas mensuales que oscilan entre 4 y 78 dólares a restaurantes en Naco y Piantini por la recogida de basura y postular que el año próximo el Escogido ganará su corona 23 es lo mismo.
Las tarifas mensuales de recogida de basura a las residencias oscilan entre 2 y 8 dólares. En casos especiales, las tarifas residenciales suben a 25 y 37 dólares mensuales, en una ciudad donde no pocas residencias y apartamentos están valorados en más de 5 millones de dólares. La torre de apartamentos más alta de la ciudad, paga 207 dólares al mes, es decir, 5 dólares por apartamento.
El edificio donde vivo, por ejemplo, paga al ADN 46 dólares al mes por un servicio casi diario de recogida prestado a 12 apartamentos, arrojando un costo por apartamento de 3.83 dólares. Está claro que ese es un precio excesivamente mentiroso. Hace unos días una empresa privada que se dedica al servicio de recogida de basura a empresas, nos propuso un servicio de recogida tres días a la semana por un precio de 176 dólares mensuales, a razón de 14.66 dólares por apartamento. ¿Ladrona la empresa? No. ¿Mentirosa la tarifa del Ayuntamiento? Sí.
Los ejemplos son ilimitados. Hospitales privados en La Esperilla, 36 dólares al mes. En la misa zona encontramos grandes supermercados que pagan 305. Los hoteles de la capital que pagan recogida de basura al ADN, tienen tarifas mensuales que van desde 4 a 127 dólares. Empresas industriales de gran tamaño y prestigio, aparecen listadas con tarifas que, cuando se consolidan, suman 203 dólares al mes. Hay pasteurizadoras con tarifas de 26 dólares mensuales.
Si queremos Dominicana Limpia, tenemos que pagar. La limpieza cuesta. Y más en un país donde no nos han inculcado el valor cívico de contribuir con la limpieza del entorno en que vivimos. Si Balaguer y no Collado hubiese heredado a Salcedo, de seguro habría dejado de recoger la basura un mes hasta que los capitaleños, ahogándonos en la basura, rogásemos que nos suba la tarifa mentirosa a cambio de quitarnos la basura de encima.
Pero los ayuntamientos no sólo deben recibir ingresos sensatos por el servicio de recogida de basura. Deben ser los receptores de los impuestos que deben establecerse sobre las empresas y/o consumidores de una serie de productos que terminan como desechos sólidos no biodegradables, generando una externalidad negativa que nace con la producción y el consumo de los mismos. Cerca del 20% de los residuos sólidos que son llevados a los vertederos del país para su tratamiento, reciclaje y/o disposición final son productos y envases plásticos (fundas, botellas, cajas, envases de “foam” para comida y otros fines), de aluminio, de vidrio y de materiales mixtos como “tetra pack” y los pañales desechables.
Estos productos son ofensivos contra el medio ambiente. Tal como explicó Pigou en 1920, en el caso de este tipo de externalidades negativas, lo recomendable es el establecimiento de un impuesto sobre el producto ofensivo. Conscientes del daño que los envases de plástico, por ejemplo, causan al medio ambiente, un número creciente de países ha estado poniendo en marcha políticas para desincentivar la producción y el consumo de los mismos a través de impuestos selectivos al consumo y disposiciones que obligan a las empresas de “retail” a cobrar al consumidor cargos cuando éste solicita una funda plástica.
En Bélgica la venta de las industrias de fundas plásticas está gravada por el equivalente de RD$3,869.00 la T.M. El kilo de funda plástica para cargar paga RD$181.35; si es de un solo uso paga RD$163.21; y si son fundas de basura, RD$217.62. En Dinamarca, el impuesto por kilo de funda de cargar asciende a RD$175.50. En Irlanda, el impuesto por funda equivale a RD$13.30. En el Reino Unido, las empresas son obligadas a cobrar al consumidor RD$3.40 por funda, incluyendo el IVA. En Alemania los cargos oscilan entre RD$2.90 y RD$29.25 por funda. En Holanda el cargo es de RD$17.98, incluyendo el IVA. En Italia oscila entre RD$0.60 y RD$6.04.
En los Estados Unidos ha comenzado a generalizarse la práctica de cobrar por las fundas plásticas. En los Estados de New York, California y Colorado cargan RD$4.88 por funda. En Washington el cargo es de RD$2.44 por funda, mientras en Maryland se cobra un impuesto por funda por el mismo monto. En Chicago, Illinois, el impuesto es de RD$3.44. En Hong Kong, el impuesto por funda es de RD$3.12, mientras en Indonesia, el impuesto oscila entre RD$0.72 y RD$18.05, dependiendo del tipo de funda.
En América Latina también se está desincentivando por la vía impositiva y del cobro de cargos el uso de fundas y envases plásticos. En Colombia, el impuesto es de RD$0.60 por funda; en Ecuador, el cargo alcanza RD$0.98. Algunos países han optado por la prohibición pura y simple. En Buenos Aires, Neuquén, Río Negro y Chubut, en Argentina, el uso de fundas plásticas está prohibido. Lo mismo ocurre en Brasil, donde las multas oscilan entre RD$780 y RD$7,849 para las personas físicas y RD$31.4 millones en el caso de las empresas. En la Patagonia chilena se ha dispuesto la prohibición y sustitución progresiva de las bolsas de polietileno, polipropileno y otros polímeros artificiales no biodegradables. En Querétaro, México, a partir de abril 2018, los comercios menores de 90 Mts.2 que entreguen bolsas plásticas y violen la ley por primera vez, recibirán una multa de RD$10,392.04; en el caso de reincidir será de RD$15,489.83. Para los comercios de más de 1,000 Mts.2 la primera sanción será de RD$519,210.90 y la reincidencia será de RD$778,815.86.
En diciembre del año pasado, Uruguay aprobó el Impuesto Específico Interno (IMESI) sobre envases plásticos. Las tasas ad-valorem” son de 5% para productos puestos en el mercado en envases no retornables; 1,000% para las bandejas de materiales descartables utilizadas para contener alimentos; 20% para el film plástico utilizado como material de embalaje; 1,000% para los vasos descartables; y 1,000% para las bolsas plásticas para transportar y contener productos y bienes.
En la mayoría de los casos, los ingresos generados por estos impuestos se destinan a nutrir los fondos de los gobiernos centrales y municipales destinados a financiar la gestión y el reciclaje de desechos sólidos. Si realmente queremos que Dominicana Limpia sea una realidad y no simplemente otro slogan más flotando en nuestro “imaginarium”, todos tenemos que pagar. Si preferimos el modelo actual de subsidio generalizado en la recogida de basura y de “laissez-faire” en la producción y consumo de envases ofensivos al medio ambiente, no nos quejemos por vivir en una Dominicana Sucia. Tampoco por los gastos adicionales en médicos y medicinas para tratar nuestras afecciones en las vías respiratorias y las de nuestros hijos.
