La ocupación ilegal de la propiedad privada en República Dominicana se ha convertido en un problema sistémico y en un mal social que necesita ser atendido.

En este planteamiento coinciden la arquitecta Betsaida Santana, gerente de programas de Hábitat para la Humanidad, y los abogados Trajano Vidal Potentini y Julio Cury, quienes participaron como panelistas en el programa Edición Nocturna, conducido por los periodistas Miguel Guerrero y Héctor Marte.

Cury consideró que la invasión a terrenos privados es una problemática que data de décadas, acentuada por la necesidad de tener una vivienda.

Cuando se afecta al Estado

Indicó que la situación se agrava cuando las ocupaciones se hacen en perjuicio de los inmuebles del sector público.

“Como pasa frecuentemente en el interior del país, que terrenos que son del CEA terminan siendo ocupados por personas que entienden que tienen derecho a acceder a esos inmuebles”, sostuvo.

Para el jurista, los tribunales han sido desidiosos al momento de decidir en estos casos y se verifica en el retardo que termina denegando la justicia reclamada. “Ese es un problema sistémico que tendrá el país más tarde o más temprano que afrontar, porque la verdad es que nos hemos quedado con muy pocos tribunales para decidir sobre la cantidad de contestaciones judiciales que se someten diariamente”, aseguró.

Una ley antigua

Ante la dificultad planteada, Cury propone la creación de más tribunales. “Las mismas cinco salas civiles y comerciales que existían en los años 70, son las mismas que tenemos en primera instancia”, afirmó.

Al respecto, el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, Trajano Potentini, precisó que el tema de la ocupación ilegal tiene múltiples aristas en el orden constitucional, ya que entra el derecho a la propiedad y a la vivienda.

Sobre la demora de reclamos cuando son llevados a la justicia, explicó que el promedio de los casos donde se reclama el derecho a la propiedad privada puede durar 10 y 15 años.

“Aquí tenemos una ley de propiedad antiquísima. Se requiere, se demanda del desarrollo legislativo para prever todas esas condiciones que se pueden dar de estas nuevas tendencias y modalidades que se dan porque no están tasadas, no están verificadas”, dijo acerca de los conflictos entre el propietario legítimo y aquel que adquiere derecho por el tiempo en un determinado lugar.

Se necesita planificación territorial

Mientras para la gerente de Programas de Hábitat para la Humanidad, las ocupaciones ilegales han ido en aumento producto del crecimiento poblacional y la emigración del campo a la ciudad.

Recomendó el fortalecimiento de las políticas del derecho al suelo y a la vivienda a nivel de Estado. “Es decir, debe haber una planificación territorial que asegure el acceso al suelo y a la vivienda a esas poblaciones vulnerables”, enfatizó.

Santana reconoció que hay casos donde las personas ocupan de manera ilegal un terreno con el propósito de ser beneficiadas con los planes de viviendas promovidos por el Gobierno. No obstante, afirmó que si se formaliza y se sanean aquellas tierras ocupadas desde hace años, estas personas ya no tendrán necesidad de ir a ocupar otros terrenos.

Sugiere atacar las causas no las consecuencias

La arquitecta Betsaida Santana hizo referencia a la campaña global Suelo Seguro, realizada hace dos años por Hábitat para la Humanidad, que determinó que entre las tres principales barreras en el acceso a una vivienda adecuada está la falta de tenencia segura, dicho de otra forma, la carencia de títulos de propiedad. “Estamos atacando las consecuencias, pero debemos enfocarnos en la causa, porque hay una necesidad que no está siendo suplida”, dijo.

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