Ante la incapacidad, falta de voluntad, oportunismo, o simple y llanamente, las ambiciones desmedidas, o ante el hecho concreto de que no ha habido forma de que los jefes políticos se pongan de acuerdo para crear un nuevo estatuto electoral, la Junta Central Electoral (JCE) se ha visto obligada a jugar un papel proactivo.

En efecto, acaba de realizar una convocatoria a todos los presidentes, secretarios y delegados de los partidos políticos reconocidos a una audiencia pública para tratar el tema de las primarias internas y la aprobación del proyecto de ley de partidos y organizaciones políticas. La audiencia fue fijada para el próximo miércoles 25 de julio a las 10:00 de la mañana, en el Auditorio de la sede de esa institución.

Es inevitable preguntarse ¿qué presentará la JCE a esos señores? Hay que suponer que tratará de informarles sobre un conjunto de propuestas prácticas para las próximas elecciones, toda vez que no se avizora nada claro en los litorales del Congreso que sugiera que se aprobará una ley sobre el régimen de partidos y se reformará la ley electoral vigente.

El esfuerzo, desde cualquier punto de vista, es válido. Porque quizás en el mismo los señores de los partidos empiecen a entender que la reforma no es una cuestión de su particular interés, que es un asunto de toda la sociedad.

Lamentablemente, esa es la cuestión, que los políticos se han creído que una legislación sobre el funcionamiento de las organizaciones y sociedades políticas debe hacerse en atención a sus gustos, al tamaño de sus ambiciones.

No entienden que dotar a la República de una normativa de comportamiento civil en materia de ejercicio del derecho a participar a través de los partidos es asunto de toda la sociedad, de todos los actores sociales, y en consecuencia, no debe ser decidida en función de lo coyuntural y episódico, a la conveniencia del momento, sino instituir para todos.

Quizás el presidente de la JCE, Magistrado Julio César Castaños Guzmán y demás miembros, les iluminen las mentes cegadas por las ambiciones desmedidas de poder y entiendan lo fundamental: lo que se trata es de establecer normas llamadas a fortalecer el sistema democrático de la República Dominicana.

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