Los aspirantes lanzados extemporáneamente a la búsqueda de la presidencia ignoran lo que les espera si llegaran a conseguirla. Tendrían que lidiar con desafíos para los que no están probablemente preparados, incluso aquellos que ya ejercieron el cargo. Hasta la actual administración no existían normas de control para el manejo de los recursos públicos, por lo menos en la cantidad y con el rigor de los establecidos en el presente mandato. Los gobernantes anteriores jamás imaginaron lo que sería tratar con las redes. Ya no existen los contratos de grado a grado y quienes evaden la restricción se exponen a verse ante la justicia. Esa es una realidad, a despecho de que la justicia no funcione y los controles se pasen por alto.
La sociedad civil ha reducido el papel de los partidos, más enfrascados en las luchas grupales que atendiendo sus obligaciones de contribuir a hacer funcionar los poderes y lograr que el Congreso apruebe las leyes esenciales. Eso dificultará los arreglos de conveniencia. En la Cámara de Diputados, en la presente legislatura, no se ha aprobado ninguna de las leyes importantes pendientes, y los ejemplos más patéticos son la de los partidos políticos y la electoral, enfermas de muerte, la primera de ella desde su mismo nacimiento hacen 15 años.
Muchos de los pretendientes al puesto han dado señales tempranas de carecer de la suficiente tolerancia para vivir en paz con los desmanes verbales en las redes. No me parece, y con esto no intento un juicio de valor, que tengan la suficiente templanza para escuchar y leer a diario, mañana, tarde y noche, las exacerbadas acusaciones sobre conductas personales que no se prueban y mucho menos la de escuchar por los medios los epítetos más ofensivos. Estaría por verse si dejarían pasar la acusación de ladrón que a diario se formulan sin que nadie responda por ello. No vengan a decirme, pues, que el país no ha cambiado.
