Santiago. “Uno aprende a vivir con esta pesadilla y trata de poder iniciar de nuevo una vida sin los traumas de saber que fue violada por su propio padre”.

A esta reflexión se aferran dos de las cuatro hijas que alegadamente fueron abusadas sexualmente por su progenitor, Juan Arístides Rodríguez, exdirector de la Unidad contra Fuegos Artificiales del Ministerio de Interior y Policía en Santiago. Aunque de madres diferentes y con edades que van desde 14 hasta 34 años, todas tienen en común que fueron abusadas por su padre cuando apenas contaban con nueve años de edad. La menor de las abusadas fue infectada con el virus del papiloma humano (VPH), según el Ministerio Público, y otra que reside fuera del país resultó embarazada del exfuncionario.

Desagradable experiencia

R.R, madre de tres hijos con su actual pareja, dice que a la fecha su esposo desconoce que fue abusada sexualmente por su progenitor. En tanto, que A.J. R., otra de las víctimas, refiere que aunque fue violada cuando apenas contaba con nueva años. Fue a los catorce cuando pudo contarlo a su madre. “Yo he recibido mucho apoyo por parte de mi madre, y la fe en Dios, estar en Los Mormones me ha ayudado a superar parte de este trauma. Sin embargo, hemos vivido muchos momentos de agotamiento, pero esto no ha dejado que continuemos esperando justicia por lo que nos hicieron”, apuntó.

El día 14 de septiembre del pasado año, la, a través de la Unidad Contra Violencia de Género, la Policía apresó a Juan Arístides Rodríguez, de 52 años, luego que Ana Celia Jumelles Báez se querellará por la violación de su hija, que ahora cuenta con 14 años. Jumelles Báez cuenta que tanto la niña como dos varones de 18 y 16 años que fueron procreados con el exfuncionario, han tenido que recibir atenciones psicológicas, por lo que espera un castigo ejemplar.

Juez envía acusado a juicio de fondo

Ayer, el juez Miguel Alejandro Báez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción, envió a juicio de fondo a Juan Arístides Rodríguez durante el conocimiento de la audiencia preliminar que se desarrolló durante dos días. El 22 de septiembre del 2017, la jueza Iris Borges, del mismo juzgado, impuso un año de prisión preventiva contra el ex funcionario del Coba, acusado de incesto.

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