Las leyes surgen de la necesidad. En el decurso de las organizaciones, de las sociedades, van surgiendo situaciones que ameritan respuestas y especialmente normas para regular el comportamiento humano en sus más diversas expresiones.

Siendo así, a nadie se le puede ocurrir una ley si no es el producto del comportamiento social. De modo que nada se puede inventar en esta materia si no es en conexión con la sociedad, que va reflejando actitudes, comportamientos, hasta el surgimiento de hechos que pueden indicar que estamos ante un fenómeno que obliga a encontrar respuestas.

El comportamiento de los partidos políticos hizo que muchos de los agentes sociales entendieran desde hace años que se requería algún instrumento de regulación que permitiera sentar las bases para modelar inconductas, que han llegado a la barbarie, al interior de las organizaciones, en las interrelaciones entre ellas y de cara a la sociedad.

La ley de partidos responde a esa necesidad. Como suele ocurrir, no llena todas las expectativas. También hay que considerar que el proceso de aprobación durante tanto tiempo reflejó perfectamente los conflictos e intereses en la búsqueda de una cosa tan fundamental como es el poder político.

En medio de esas ambiciones difícilmente iba a surgir algo perfecto. Al menos, los señores legisladores y sus jefes políticos simplemente se aprobaron la “ley posible”.

Lo ideal es que en medio de sus límites se cumpla y que no sea letra muerta desde un principio. Para evitarlo se necesitará la colaboración de todos y el fortalecimiento de la autoridad de la Junta Central Electoral (JCE).

Hay aspectos, como el de la financiación de los partidos y las campañas políticas, que no han sido protestados por muchos. Los gastos previstos para las precampañas son más que excesivos. Y no aparece en ningún sitio nada que limite los gastos generales de campaña. Sería el gran conciliábulo de la clase política contra la sociedad. ¡Otra vez!

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