Dirigentes comunitarios del sector Domingo Savio, del Distrito Nacional, pidieron al Gobierno cumplir con el pago acordado con los propietarios e inquilinos desalojados por la Unidad Ejecutora para la Readecuación de la Barquita y Entornos (Urbe).
Ayer los propietarios e inquilinos cuyas casas fueron demolidas realizaron una marcha para exigir un mejor trato por parte del Gobierno.
El dirigente comunitario, Freddy Betances, explicó que con esa y otras actividades buscan exigir un mejor trato para dichas familias, cuyas viviendas fueron demolidas. Explicó que una actividad similar se estaría realizando en la cañada Benavides del sector La Ciénaga.
Ayer, la Presidencia de la República explicó que se trata de mejorar las condiciones de vida de 40,000 personas en los barrios de la Ciénaga y los Guandules, y el primer paso fue trasladar a las personas que vivían en peligro al borde del río Ozama. “Más adelante se acordó la hora y el día. No hay ni hubo sorpresas”, indica un documento de prensa. Sobre eso, las personas saben que tienen que mudarse, indicó que la URBE y las organizaciones comunitarias censaron las viviendas y familias en peligro. Luego cada jefe de familia participó de una charla donde se le explicó lo que se iba a hacer.
Agrega que tanto el dueño como el inquilino recibieron una compensación económica, y que dicho pago fue acordado según tasación.
Indica que las casas son demolidas inmediatamente las personas salen del barrio.
