San Juan. En un sorpresivo giro en sus responsabilidades, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) impuesta por Estados Unidos, divulgó un informe de 600 páginas dirigida a desmonta prácticamente la estructura gubernamental de Puerto Rico y hasta recomienda enmendar la Carta Magna del Estado Libre Asociado (ELA) para que las obligaciones bajo “titularización” cuenten para el cálculo del límite de la deuda pública constitucional.
El Comité Especial de Investigación de la JSF, integrado por Arthur González, Ana Matosantos y David Skeel, a su vez miembros del organismo impuesto mediante la ley Promesa, celebró una audiencia pública para analizar los hallazgos del informe del equipo investigador independiente Kobre & Kim sobre la deuda pública de más de 70 mil millones de dólares y su vínculo con la crisis fiscal que provocó la bancarrota de Puerto Rico.
Entre las recomendaciones puntuales contenidas en el documento de 600 páginas figuran cambios en la emisión de deuda por las corporaciones públicas y en las prácticas de administración financiera, presupuestaria y contable del gobierno, a la par con reformas de gobernanza de las utilidades públicas.
A la vez se propone recomponer las juntas de directores de las corporaciones públicas para que incluyan una combinación de miembros nombrados por el gobernador e independientes, con plazos más largos y escalonados en las distintas administraciones públicas, además de establecer entidades tarifarias independientes para las estatales Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).
En la actualidad, distintas administraciones de gobierno, incluida la del mandatario Ricardo Rosselló Nevares, han hecho cambios en las leyes para poder controlar las juntas de las corporaciones públicas y eliminar a los miembros independientes.
El propósito, de acuerdo con los miembros de la JSF, están dirigidas a “asegurar que la Isla nunca tenga que volver a pasar por una crisis de endeudamiento”, en el que sectores independientes consideran ha habido responsabilidad de los organismos rectores del gobierno de EEUU, de las reguladoras y de Wall Street.
Al aconsejar que se enmiende la Constitución, a todo efecto echada a un lado por la legislación Promesa, se quiere que las deudas estructuradas bajo titularización de impuestos, tales como la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), cuenten para el cálculo del límite de la deuda constitucional.
Además, propone adoptar un estatuto que requiera que los bonos o la estructura del emisor sean validados por un tribunal competente.
