El pueblo dominicano no debe darse por satisfecho con la aprobación de la Ley de Partidos. Se debe exigir a las instituciones políticas que se continúe avanzando en otras acciones que permitan mejorar la democracia electoral. En la actualidad existen dos grandes retos, el primero, lograr la efectiva implementación de la Ley de Partidos, lo que supone que la JCE obligue a las organizaciones políticas y sus precandidatos a su fiel cumplimiento y que se concluya con la aprobación de la reglamentación que actualmente está en consulta. El otro reto tiene que ver con la aprobación, en un plazo relativamente corto, de la Ley Orgánica del Régimen Electoral.
El inicio de la campaña a destiempo por parte de los partidos, así como la presentación oficial del calendario electoral, podría llevar a la clase política a centrar su preocupación en la competencia de cara a los venideros comicios y a descuidar las tareas pendientes en materia de reformas. Es evidente el reducido interés de la comisión bicameral del Congreso Nacional encargada de la reforma de la actual Ley Electoral. Se desarrollan con lentitud los trabajos dirigidos a la aprobación de una nueva legislación que esté acorde con la Constitución del 2010 y con los nuevos desafíos que tiene el sistema electoral dominicano.
La actual Ley Electoral 275-97, ha quedado obsoleta y sirve muy poco para regular la campaña y garantizar la integridad de las elecciones. Está pendiente una nueva ley que establezca límites al gasto político en la campaña electoral y que asegure rendición de cuentas, control y fiscalización del dinero que entra a la política. Se tiene expectativa de un nuevo marco legal que permita elevar la calidad de la campaña, obligando a los candidatos a la presentación de propuestas programáticas, al debate político y al desarrollo de una campaña basada en principios éticos. Esta reforma debe conducir a una regulación que permita el acceso a los medios de comunicación en condiciones de equidad.
La actual ley electoral está muy atrasada respecto a temas como la aplicación de tecnología en los procesos electorales, la inclusión electoral y la paridad. Por estas razones, no se puede volver a unas elecciones con esa norma. Los legisladores deben poner de su parte para que efectivamente en la presente legislatura se avance con la reforma. Es necesario que la comisión bicameral abra un amplio proceso de consultas con los partidos políticos y la sociedad civil, a través de vistas públicas, para que se generen los consensos necesarios y así se pueda contar con una legislación electoral que responda a los retos que tiene el sistema electoral.
