Unos 50 abogados, entre ellos directivos de seccionales provinciales y el ex candidato a la presidencia de ese organismo, Enrique García, informaron hoy que han presentado una demanda por acto de alguacil, intimando a las autoridades del Colegio de Abogados de la República Dominicana, CARD, a que acate las normas legales, estatutarias y de transparencia que rigen a esa entidad.
Afirman que en los próximos días estarán impulsando acciones legales y judiciales que permitan llevar al Colegio de Abogados de la República Dominicana a su legalidad, mediante la presentación de demandas en los tribunales con las cuales procurarán inmovilizar los fondos de la institución, así como solicitar la suspensión provisional de las autoridades del Colegio en el ejercicio de sus funciones.
«La inmediata designación de una administrador o administradora judicial, hasta tanto se determine la situación financiera, administrativa y patrimonial real de la entidad que agrupa a las y los profesionales del Derecho de la República Dominicana, y de cuyos resultados pudieran derivarse acciones disciplinarias, civiles y penales en contra de las personas que resultaren responsables de las faltas e infracciones comprobadas», dijeron de acuerdo con una nota de prensa.
La solicitud demanda información institucional relativa a: presupuestos aprobados y ejecutados desde 2016 a la fecha, así como el estado de ejecución del presupuesto vigente correspondiente al año 2018; actas de las reuniones celebradas por sus órganos ejecutivos y de dirección con facultades deliberativas: Junta Directiva Nacional, Consejo Nacional y Asamblea General, desde enero de 2016 hasta la fecha.
Requieren además información detallada sobre los programas, cursos y talleres realizados desde enero de 2016 hasta la fecha; llamados a licitaciones, concursos y compras; nóminas de funcionarios y empleados, sus cargos, funciones y remuneraciones; listado de beneficiarios de programas asistenciales, pensiones, becas o ayudas por diferentes conceptos; estado de cuentas de los activos, pasivos y patrimonio del Colegio.
El emplazamiento legal incluye relación de ingresos, gastos e inversiones realizadas; leyes, estatutos, resoluciones, disposiciones u otro tipo de normativa vigentes; así como estados financieros auditados correspondientes a la gestión 2016-2020.
De acuerdo con las declaraciones de los solicitantes, estas informaciones son requeridas porque desde el inicio de la gestión de Miguel Surun Hernández, presidente del Colegio, se ha caracterizado por la falta de transparencia en el manejo de los fondos de la institución, la arbitrariedad y el autoritarismo en la toma de decisiones.
Agregan, además, que durante los casi tres años que el lleva al frente del Colegio, no ha convocado a la Junta Directiva Nacional, para deliberar sobre los asuntos ordinarios de la entidad, tampoco ha convocado al Consejo Nacional como órgano de fiscalización y control, no obstante, a que el Estatuto Orgánico dispone que la primera se reúna dos veces al mes y el segundo tres veces al año.
Por otro lado, señalaron que nunca ha convocado a la Asamblea General para hacer la rendición de cuentas como lo dispone el Artículo 41 del referido Estatuto Orgánico.
«La situación es aún más grave, si se toma en cuenta que nunca ha elaborado ni ejecutado un presupuesto de ingresos, gastos e inversión, en franca violación a lo que establecen los artículos 42, 64, 65 y 68 del Estatuto del Colegio», dijeron de acuerdo con una nota de prensa.
Agregan que el presidente del Colegio «ha irrespetado la solemnidad y violentado la legalidad de la jurisdicción disciplinaria del Colegio, mediante la suplantación del fiscal y jueces electos en Asamblea General Electoral, para lo cual ha designado arbitraria e ilegalmente a personas allegadas a su entorno personal y creado sin respaldo estatutario la figura del juez suplente con el objetivo de influir, controlar, concentrar y ejercer poder sobre el proceso y los casos que conoce el tribunal disciplinario del Colegio, pretendiendo convertirse en un perdonavidas y reputaciones ajenas».
Denuncian el alegado uso discrecional de los fondos del Colegio en la realización de cursos, talleres y diplomados en diferentes provincias del país, sin que nadie conozca los costos ni cantidades de recursos invertidos en la realización de estos, bajo el pretexto de que está capacitando a los abogados, argumento este que jamás se podrá invocar como justificación gremial del uso abusivo de recursos institucionales y colectivos sobre los cuales se ha negado y se sigue negando a rendir cuentas, mediante los mecanismos estatutarios establecidos para ello.
Destacan «que mientras el presidente del Colegio pretende lucir un alto interés personal por las seccionales provinciales con la realización de estos cursos, los cuales se caracterizan por el retraso recurrente en los pagos de los facilitadores y cancelación de las facturas por los servicios logísticos de apoyo, a veces, contratados, este se niega a proporcionarles los fondos que las seccionales provinciales necesitan y reclaman, para tratar de cumplir mínimamente con la demanda de servicios que les demandan los profesionales del Derecho en sus respectivas comunidades».
» Todo esto se debe, en gran parte, a la concentración de las decisiones en su persona en interés de ser percibido como un líder; y al afán de posicionar una imagen de poder que lo proyecte como imprescindible para la clase política, de la cual se ha servido ventajosamente en varias oportunidades. Solo, y en ocasiones específicas y coyunturales en las que el señor Surun Hernández ha requerido del apoyo de los directivos de dichas seccionales provinciales, ha motorizado algunas acciones y ofrecido falsas e improvisadas promesas en procura de alcanzar objetivos personales, pero nunca institucionales», dice la nota.
Agregan, que cuando ha percibido un cierto nivel de cuestionamiento a su desempeño, se ha decidido apresuradamente a publicar, de manera informal y a través de las redes sociales, datos improvisados de supuestos balances de contabilidad que no soportan el más simple análisis técnico con vocación de consistencia y seriedad profesional.
Los abogados advierten también, «del posible desvío de fondos de la institución por parte del presidente del Colegio de Abogados», con fines de promover sus posibles aspiraciones personales, para correr por una diputación en el Congreso Nacional en las próximas elecciones de mayo de 2020, razón por la cual, se estaría haciendo acompañar en sus actividades por un grupo de personas ajenas al ejercicio del Derecho y vestidas con camisetas impresas con el nombre “Nazaret”. Es por lo que quizás se viene mostrando tan activo por participar en paneles sobre la nueva Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, sin tomar en cuenta, que la naturaleza gremial de la entidad que dirige le obligan a mantenerse distante de participar en debates de naturaleza político partidista.
El reclamo lo firman Enrique García, vocero del grupo, Erick Corniel, los secretarios generales de seccionales Ricardo Quezada Vásquez, del Distrito Nacional, de Constanza; Raúl Vélez Ozuna, La Romana; Victorio Valerio Peña, Monte Cristi; Tomás Taveras, Dajabón; y José Luis Bonilla, secretario General de la seccional de Valverde Mao.
El petitorio incluye también a los abogados Dionicio Cruz Félix Vásquez, Milenys López, Braulio Beriguete, Héctor Manuel Solimán, Freddy García, Cristian Hernández, Israel David Ledesma Heredia, entre otros reconocidos abogados de diferentes provincias.
