El nuevo enfrentamiento: Estados vs Iglesias

Hoy en día, la lucha por la vigencia plena de la libertad religiosa presenta nuevos retos en América Latina y el Caribe.

Uno de esos retos está orientado a lograr que los congresos de nuestros países aprueben una Ley de Libertad Religiosa o una Ley de Asociaciones Religiosas, donde se establezca con claridad los deberes y los derechos que poseemos los practicantes de la fe, y se nos de la importancia y el lugar que merecemos como parte importante de la vida espiritual y social de nuestra naciones.

Ya algunos países de América han logrado esa conquista, pero en el caso específico de la República Dominicana eso no ha sido posible, y se hace urgente que esa ley sea aprobada en el más breve plazo.

Para los hermanos católicos dominicanos eso no es problema, pues ellos como iglesia funcionan bajo el manto de una ley muy especial llamada el Concordato, que se firmó en 1954 el estado dominicano con el estado vaticano, mediante la cual se protege y apoya todo el accionar de los católicos.

Una iglesia no católica en República Dominicana es regulada por la Ley 122-05, la cual supervisa el funcionamiento de todas las entidades consideradas como organizaciones sin fines de lucro.

En términos específicos, en el artículo 12 de esa ley se establece que las organizaciones religiosas son “asociaciones de beneficio mutuo” y nos colocan en el mismo nivel de las asociaciones empresariales, profesionales, clubes culturales o juntas de vecinos, y nos regulan con el mismo criterio y al mismo nivel de un club de dominó de un barrio de la capital dominicana o de una lejana provincia de la frontera con Haití.

En términos concretos esa realidad es una violación flagrante a la libertad religiosa.

El otro reto

Junto a ese reto que mencionamos, existe otro fruto de la nueva realidad que vive el mundo donde los valores éticos y morales se están perdiendo, y donde muchos preceptos y mandatos bíblicos son ridiculizados o negados por muchos sectores sociales o de poder, etiquetados de “gentes progresistas”.

Este nuevo reto tiene que ver con la posición que debemos asumir las entidades que trabajamos la fe en nuestras poblaciones, ante una serie de políticas públicas implementadas por nuestros respectivos gobiernos.

Estoy absolutamente convencido de que un gobierno dirigido por hombres y mujeres temerosos de Dios, que apliquen los principios bíblicos en sus políticas públicas y que sepan llevar a la práctica el sentido de amor y la solidaridad de Jesús, es un gobierno que va por un camino correcto y que podrá cumplir con su población de manera efectiva y eficaz.

En esa orientación, la lucha por la Libertad Religiosa tiene como una de sus responsabilidades tratar de que las políticas públicas asuman nuestras orientaciones y respeten nuestros criterios.
Así como los que no creen en Dios pueden establecer políticas públicas marginando el criterio de fe en sus ejecutorias, ese mismo derecho tenemos quienes practicamos alguna creencia de fe, para hacer que nuestros criterios sean parte de esas políticas públicas.

Y eso lo digo porque en los últimos años se está produciendo una encarnizada lucha en nuestros países para imponer la legalización del aborto, estableciendo que esa es una política pública correcta en la supuesta orientación de respetar los derechos de las mujeres.

En nuestro caso, en el año 2010 se produjo un fuerte enfrentamiento con sectores del congreso y de los partidos políticos, para establecer la prohibición del aborto en una reforma constitucional que se discutía en aquella ocasión.
Y en ese momento lo logramos.

La constitución dominicana establece en su artículo 37 muy claramente lo siguiente: “El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá́ establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte”.

Pero así como ha sucedido en muchos países del continente, los sectores anti-vida, anti-religión y pro-aborto no han escatimado esfuerzos ni recursos para tratar de eliminar ese artículo o de buscar una vía alternativa para legalizar el aborto.

En ese orden, en nuestra nación hoy estamos inmersos en un fuerte enfrentamiento con sectores políticos y sociales del país, y en especial con el presidente de la República y el partido gobernante, quienes quieren imponer una ley para legalizar el aborto a través de tres causales.

Nosotros establecemos que la vida solo puede quitarla Dios, que no hay razón que justifique un asesinato como es el aborto, que un bebé producto de un incesto o violación no tiene la culpa de haber sido formado y por tanto no merece ser eliminado, y que en todo caso lo correcto, justo, legal y cristiano es tratar de salvar las dos vidas.

Como la constitución es bastante clara en prohibir el aborto, lo que se ha buscado es una manera de incluir esas tres causales a través de una modificación al Código Penal, que actualmente se discute en el congreso.

Pero fruto del amplio trabajo de oposición ejercido por todas las iglesias dominicanas unificadas, el congreso les ha rechazado en dos ocasiones la pretensión de nuestros gobernantes de legalizar el aborto por vía de esas tres causales.

Ha habido un tercer intento hace tan solo unos meses. Pero ya el Senado de la República lo rechazó y se espera una discusión en la Cámara de Diputados, donde confiamos será también rechazado.

Pero no podemos ni vamos a cesar en nuestra lucha por lograr que las políticas públicas de nuestros gobiernos, asuman de la manera más amplia posible las orientaciones de la fe.

Como ciudadanos, los practicantes de la fe, somos también responsables de garantizar una vida sana, útil y provechosa a nuestras poblaciones.

Todas las religiones tenemos como responsabilidad fundamental garantizar la salud espiritual a nuestros seguidores y su salvación eterna, llevándolos por un sendero correcto siendo fieles a la palabra de nuestro Dios.

Y ante los gobiernos, debemos seguir tratando de lograr, sin cansarnos ni rendirnos, que quienes los dirijan asuman en sus ejecutorias esas orientaciones de Dios.

De esa manera nuestra naciones y las humanidad en general, serán más justas, más libres, más felices y más prósperas.
(Ponencia en el 25 Simposio de Religión y Derecho Internacional de la Universidad Brigham Young de Utah, Estados Unidos, y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días)
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(Ponencia en el 25 Simposio de Religión y Derecho Internacional de la Universidad Brigham Young de Utah, Estados Unidos, y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días).

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