“Caso cerrado”, la cuestión nacional con el propuesto pacto migratorio mundial. En un país con mínima institucionalidad no lo sería. El Congreso exigiría al Poder Ejecutivo, responsable de la política exterior, explicar por qué un instrumento internacional supuestamente “lesivo” al interés nacional estaba siquiera siendo considerado en vez de haber sido denunciado y rechazado oportunamente, y tuviera la “opinión pública” que “descubrirlo”.

Sea que el Gobierno pretendiera firmarlo a escondidas a sabiendas de su “malignidad” o que la ignorara, ambas serían situaciones graves y el Presidente debería rendir cuentas. No obstante, apuesto mi cabeza a que no confluía ninguna de las dos. Simplemente el pacto no era –no es- el diabólico que ahora el Gobierno dice. La presión coyuntural ganó.

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