La sustitución de nuevos jueces del Tribunal Constitucional, por parte del Consejo Nacional de la Magistratura, debería dar lugar a un fortalecimiento de la institucionalidad nacional Debería ser un punto a favor del fortalecimiento institucional, digo, en la medida en que según pasa el tiempo el país se aleja de la era aciaga en que –entonces a sangre y fuego– el tirano Rafael Trujillo era ley, batuta y Constitución.

Y también porque la democracia y la vigencia de las instituciones han pasado a ser parte de la globalización que recorre el Planeta, producto de los adelantos civilizatorios alcanzados por la humanidad, concluyendo el segundo decenio del XXI.

Pero aquí no es así.

Hoy, más allá de las apariencias edulcoradas con “el uso de campañas mediáticas con información manipulada”, como advertía un reciente informe de Oxfam, en el país no disponemos de la separación e independencia de los poderes del Estado, en que descansa la institucionalidad de una nación democrática.

Ayer vimos en la transmisión televisiva de evaluación de candidatos a suplir las vacantes de jueces del Tribunal Constitucional al propio presidente Medina defender con astuta inteligencia a sus abogados que no son independientes, y que no califican para ser los jueces equidistantes que demanda la sociedad.

Entre esos candidatos están el doctor Cristóbal Rodríguez, abogado de José Ramón Peralta, un prominente vocero y asociado político de los intereses partidistas del presidente Medina.

El otro que no califica es José Alejandro Ayuso, un abierto partidario del frenesí reeleccionista de Medina, y a quien se asocia a la peregrinación en que anda Julio Cury por el mundo buscando impertinentes y descontextualizados dictámenes que “anulen” la vigésima Disposición Transitoria de la Constitución por ser “atentatoria” contra derechos fundamentales de Danilo.

Más que derecho el de Danilo es un torcido –también escrito está–, porque atenta contra prerrogativas de otros dominicanos, ya definidos como más de un 70% opuestos a cualquier invento reeleccionista.

El Presidente cuenta con una “dictadura de la mayoría”, que le da el poder para imponer a Cristóbal, a Ayuso y a cualquiera, pues ha demostrado tener la determinación de imponer su juego cuantas veces ha podido.

Yo, sin embargo estimo que una jugada como esa quizás no sea del mejor juicio, pues sólo le sumará nuevos y mayores rechazos, como el que empezó a correr –y aún no para– cuando contra viento y marea impuso su reelección en las elecciones pasadas, usando como nunca antes se había hecho los recursos estatales.

Desde enero 20 de 2017 he escrito en innúmeras ocasiones que el destape de Odebrecht cerró cualquier posibilidad de que el presidente Medina pueda permanecer en el poder un día después de l 16 de agosto 2020.

Y lo más juicioso, inteligente y político es empezar a trabajar, porque lleva retraso, para entregar tranquilamente el poder al candidato que pueda cambiar este umbral ingobernabilidad, con tantos vacíos de autoridad, en que se encuentra hoy el país.

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