Ante la sentencia emanada por la Tercera Sala en materia de Tierras de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que determinó ayer que todos los terrenos de Bahía de las Águilas pertenecen al Estado, el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, anunció el inicio del desarrollo turístico sostenible de la provincia de Pedernales.
Durante una rueda de prensa, celebrada en el Salón Orlando Martínez del Palacio Nacional, el funcionario manifestó que el Gobierno ha sentado las bases necesarias para este desarrollo, a fin de que sea un proceso ordenado y planificado. “Esta sentencia definitiva, no solo nos llena de satisfacción porque se ha hecho justicia, sino también porque nos abre las puertas para dar el impulso definitivo a los diversos proyectos que necesita y merece la provincia de Pedernales; entre ellos, el anhelado desarrollo turístico sostenible, que, entendemos, mejorará las condiciones de vida de la región suroeste”, expresó el funcionario durante su alocución.
362 millones de metros cuadrados
Montalvo señaló que la justicia ha triunfado definitivamente y con ello, dijo, queda totalmente desmontado el fraude que hace años se cometió con los terrenos en Pedernales, retornándole al Estado 362 millones de metros cuadrados “que habían pasado a manos particulares por vías fraudulentas”.
“Esto es algo que nos llena de satisfacción y, sobre todo, es una muestra de lo que se puede lograr con voluntad política, con transparencia y poniendo en primer lugar los intereses del pueblo dominicano”, sostuvo.
A modo de recordatorio, el ministro de la Presidencia explicó que en el año 2013, el presidente Danilo Medina decidió continuar con la demanda e impulsarla de manera definitiva y prioritaria, dedicando los recursos humanos y económicos necesarios para darle seguimiento y llegar hasta el final. “Eso ha permitido que el Gobierno dominicano obtuviera fallos a favor en primer grado, en apelación y, hoy, un fallo final e irrevocable en casación”, enfatizó.
La sentencia
Mencionó que la historia de esto inició cuando entre 1992 y 1995 varios funcionarios del gobierno de entonces y del registro de títulos de Barahona, en contubernio con algunos allegados, generaron títulos irregulares a favor de particulares, incluyendo terrenos del Parque Natural Jaragua, violando así “tanto las leyes inmobiliarias como las leyes medioambientales”.
Dijo que en 1997 la doctora Piky Lora, como abogada del Estado, inició un proceso para recuperar estos bienes que son propiedad de todos los dominicanos.
“Ese proceso legal, que habría de durar 21 años, lo continuaría su hija, la también abogada Laura Acosta, que siguió defendiendo desde el 2013, los intereses del Estado en los tribunales de manera incansable”, saludó.
La Tercera Sala en materia de Tierras de la Suprema Corte de Justicia (SJC) rechazó los últimos nueve recursos de casación interpuesto por particulares en el caso. Estas últimas sentencias completan los 53 recursos sometidos al 14 diciembre de este año.
Durante la lectura, el presidente del tribunal, Manuel Herrera Carbuccia, dijo que con esto se cierra el ciclo sobre el caso más importante de la historia inmobiliaria dominicana, ya que queda en la cosa irrevocablemente juzgada, lo que quiere decir, que no puede ser juzgada nuevamente.
Iniciarán proceso de registro de los títulos
A la audiencia asistió el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, quien indicó que inmediatamente se ordenará al registrador nacional de Títulos que inscriba los terrenos que conforman la parcela 215-A del Distrito Catastral no. 3 de Pedernales, a nombre del Estado dominicano. Añadió que la decisión del tribunal, conformado también por los jueces Moisés Ferrer y Blas Fernández, representa un logro para el Ministerio Público tras 20 años de lucha que traerá grandes beneficios a la nación.
Abogada Laura Acosta dice es un felicidad total
Mientras que Laura Acosta Lora, abogada constituida y apoderada especial en el proceso, aseguró que es una “felicidad total”, ya que lograron tener sentencia favorable en primer y segundo grado y ante la SCJ. El Estado dominicano es representado en este caso por el procurador general de la República a través del abogado del Estado, Gedeón Platón Bautista Liriano; y los abogados César Bienvenido Ramírez Agramonte, quien representa al Instituto Agrario Dominicano (IAD); Miguelina Saldaña Báez, entre otros.
