La Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (Adars) aseguró ayer que existen impedimentos jurídicos para traspasar los empleados públicos y sus dependientes al Seguro Nacional de Salud (Senasa).
La entidad resalta que dicho traspaso ha quedado vedado por una sentencia de amparo firme, irrevocable y oponible a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), al Senasa y a los demás actores del Sistema Dominicano de Seguridad Social.
Señala que la sentencia número 132-2008, dictada el 2 de diciembre de 2008 por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, garantizada por el principio de seguridad contenido en la Constitución.
Adars expresa que, ante esa sentencia, oponible a la Sisalril, al Senasa, a la TSS y a Unipago, S.A., resulta ilegal y contrario al ordenamiento jurídico toda actuación que pretenda traspasar forzosamente a los empleados públicos a la aseguradora estatal.
Afirma que ejecutar el traspaso forzoso de estos afiliados constituiría una violación a los derechos fundamentales de legalidad, igualdad, seguridad jurídica y libertad de empresa (que incluye la libre y leal competencia) que han sido protegidos desde 2008 por la sentencia mencionada, garantizando a favor de los afiliados, sin distinción ni discriminación alguna, la libre elección.
Adars explica que la sentencia dictada en diciembre del año pasado por el Tribunal Constitucional lo que hizo fue declarar inadmisible, sin conocer el fondo del asunto, una segunda acción de amparo interpuesta por siete ARS, contra la resolución núm.
00189-2012 de la Sisalril, que ordena el traspaso de los empleados públicos al Senasa, y por otro lado revocar la sentencia dictada por el Tribunal Superior Administrativo que reafirmaba la protección dada por la sentencia de amparo de 2008.
