El director de la Oficina Nacional de Defensoría Pública, Rodolfo Valentín, informó este miércoles que la entidad tiene previsto examinar a los imputados que puedan costear el proceso para que paguen el precio del mismo.
Valentín indicó que mediante tiene unidad de trabajadores sociales de la oficina se analizará si aquellas personas que se dicen son pudientes, realmente pueden pagar por el servicio judicial que ofrecen.
Indicó que el objetivo de la institución es brindar de manera gratuita asistencia jurídica a aquellas implicados que no tengan los medios para defenderse en un juicio, y que se dan los casos que imputados que tienen el dinero para pagar no pueden hacerlo por tener sus cuentas embargadas.
Asimismo, el director indicó que hay una resolución que produjo el consejo de la Defensoría Pública para realizar estas acciones, pero que ahora se podrán en práctica.
“Vamos hacer la resolución operativa, en el sentido de que como la Defensa Pública tiene unidad de trabajadores sociales, que estos trabajadores examinen la capacidad económica de alguna persona que se supone o se reputa, o se dice que tiene dinero, entonces sobre la base de ese estudio tomando en cuenta cuando costaría o cuanto cobraría por ejemplo una firma de abogados en República Dominicana, ante un caso similar entonces se podría cobrar en ese sentido a esa persona”, afirmó Valentín.
El análisis se haría sobre las bases de estudios ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), el Tribunal Inmobiliario, el Abogado del Estado, entidades bancarias y todas las instituciones del Estado en temas económicos.
Valentín explicó que los fondos obtenidos por el cobro de los servicios lo manejaría el Poder Judicial o el Consejo Nacional de la Defensa Pública para fines importantes dentro del sistema de justicia.
