John Bolton, el asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, descartó ayer que Estados Unidos planee una intervención militar inminente en Venezuela, y dijo que desea una “transición pacífica”. “Nuestro objetivo es una transición pacífica del poder. Y por eso hemos estado imponiendo sanciones económicas, aumentando la presión política en todo el mundo”.
Es una información interesante, después que el mismo Bolton generó revuelo el pasado lunes, cuando compareció ante la prensa, con un bloc de notas expuesto, aparentemente a propósito, y fue captado por camarógrafos, que decía: “5,000 tropas a Colombia”, como si formase parte de un plan de intervención a Venezuela.
Hay quienes lo interpretan como parte de la guerra sicológica contra la administración de Nicolás Maduro. En efecto, ayer Bolton le sugirió a Maduro que está a tiempo de retirarse a vivir a una “bonita playa lejos de Venezuela”, y que de lo contrario se arriesga a acabar “en otra zona playera como la de Guantánamo” (Cuba), donde EE.UU. tiene una prisión para sospechosos de terrorismo.
Como ya sabemos, Estados Unidos le ha bloqueado más de 7 mil millones de dólares a la empresa petrolera Citgo, representación en ese país de PDVSA, y también ha prohibido a empresas norteamericanas o con intereses vinculados, adquirir bienes venezolanos.
Al mismo tiempo, estimula toda forma de manifestación contra Maduro, a quien considera ilegítimo, ya que reconoce desde el 23 de enero a Juan Guaidó, el presidente del Parlamento que se autoproclamó presidente provisional. Precisamente, para mañana ha convocado a movilización nacional contra el gobierno.
No hay que recordar la grave crisis económica, social y humanitaria de Venezuela. Su hiperinflación, deterioro de los servicios, escasez de alimentos y creciente inseguridad que ha llevado a más de 3 millones de sus habitantes a emigrar.
Es un drama que requiere una salida. Satisface que ahora Estados Unidos declare que favorece una “transición pacífica”. Parece que es sobre la base de la “huida” de los actuales gobernantes.
La realidad es, sin embargo, que una solución tiene que transitar por la vía del diálogo. Los gobernantes deben reconocer la dimensión del aislamiento y contribuir seriamente a buscar una salida razonable, sin derramamiento de sangre.
