Luego de haber agotado las sesiones de entrevistas públicas de los actuales magistrados de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) objeto de evaluación de desempeño y de los aspirantes a cubrir las vacantes, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) decidirá hoy a puertas cerradas la ratificación o separación del cargo de los jueces evaluados, para después proceder con la elección de los nuevos jueces que corresponda designar así como del nuevo presidente de la SCJ y su primer y segundo sustituto.
Nuestro sistema de justicia carece de los niveles de confianza y credibilidad deseables, lo que es el resultado de múltiples factores que afectan no solo a este sino a todas las instituciones del Estado, tales como la falta de cumplimiento con la ley que lo despoja de los recursos que deberían serles asignados, la preeminencia de intereses particulares sobre los méritos en la selección de sus integrantes y en algunas decisiones, la existencia de corrupción y la ausencia de un régimen efectivo de consecuencias que la sancione debidamente y la desincentive.
La misión que tienen los miembros del CNM no solo es importante y delicada, sino que es difícil, porque deberían con sus decisiones elevar la credibilidad y confianza en la Suprema Corte, pero los tres poderes del Estado que ellos representan están igualmente afectados por la desconfianza ciudadana.
De diecisiete magistrados que integran la SCJ, un mínimo de dos y un máximo de doce podrían ser sustituidos por nuevos jueces, quienes serán nombrados por un período de siete años que vencerá en el año 2026. Pero es preciso recordar que el actual CNM ya eligió en el año 2017 cuatro nuevos jueces para suplir vacancias, por lo que al concluirse el presente proceso este CNM podría haber designado seis o un máximo de dieciséis nuevos jueces, lo que equivaldría prácticamente a la totalidad de la SCJ.
También es preciso recordar que, de los diez jueces evaluados, dos pertenecen a la primera sala civil, dos a la tercera de tierras, laboral y contencioso administrativo, cinco a la segunda penal, constituyendo su totalidad, y uno representa a la SCJ en el conflictivo Consejo del Poder Judicial. Y de las tres salas existentes la que menos cuenta con los perfiles requeridos es la tercera, siendo necesario fortalecer la parte inmobiliaria y administrativa.
La reforma constitucional del 2010 asestó dos duros golpes al proceso de reforma del poder judicial que se había llevado a cabo luego de la del año 1994, cercenar la inamovilidad judicial con la fijación de un período de siete años con posibilidad de ratificación para los jueces de la SCJ y, la inclusión del Procurador General como miembro del CNM.
La selección de la SCJ llevada a cabo a finales de 2011 provocó un gran declive del sistema de justicia con decisiones notoriamente marcadas con la intención de garantizar una Suprema, y especialmente una sala penal de la misma, afín al presidente de turno del CNM en la antesala de su salida del poder; lo que se teme pueda querer repetirse, sobre todo tomando en cuenta que ninguno de los jueces de esa sala penal ha sido nombrado por el actual CNM.
Lo que decida hoy el CNM puede reencauzar el poder judicial y marcar una nueva ola de reformas que mejoren su credibilidad y efectividad, o profundizar sus males manteniendo un estado de cosas, aunque se sustituyan personas, porque para renovar la credibilidad y fortalecer la justicia hace falta mucho más que nuevos jueces, es necesario que estos sean los mejores para el país y para las necesidades de la SCJ, y no los más convenientes para la mayoría de turno del CNM.
