Rafael Alburquerque aboga para que los cambios en el Código Laboral se hagan en base al consenso como ocurrió en el 1990.

El exvicepresidente de la República y especialista en derecho laboral sostuvo ayer que el seguro de desempleo contemplado en el artículo cuatro del proyecto de Ley que crea el Instituto Nacional de Prevención y Administración de Riesgos Laborales (Inaril) y que elimina el Instituto Dominicano de Seguridad Social (IDSS), dejaría a discrecionalidad de un juez determinar el monto y si hubo daños y perjuicios contra un trabajador que haya sido despedido.

“El problema del seguro del desempleo es que al quitarse la cesantía el juez de trabajo va a evaluar soberanamente cuáles fueron los daños y perjuicios que sufrió el trabajador al ser despedido injustamente por el empleador”, explicó. Sostuvo que la cesantía no es más que una indemnización en daños y perjuicios por romper el contrato sin causa y que se calcula en base a la ley, pero que si se elimina entonces será un juez de manera soberana el que “pondrá el monto que él quiera y será peor la sal que el chivo”.

El especialista observó que además en los países donde existe el seguro de desempleo los trabajadores no son despedidos de manera injustificada.

“No hay desahucio, el empleador que despide a un trabajador tiene que despedirlo justificadamente, mientras que aquí el empleador puede romper el contrato sin que el trabajador haya cometido una falta”, advirtió.

“Los sindicalistas piensan que se les ha dado un palo acechado con la reforma al Código de Trabajo porque el debate sobre la cesantía ha sido desplazada por este proyecto de ley y si el Código de Trabajo fue consensuado en el 1992, ahora la reforma hay que hacerla consensuada y la quieren imponer sin que siquiera haya sido discutida”, expresó.

Lo que dice el artículo 4

El artículo cuatro del proyecto que sometió el presidente Danilo Medina señala que el Inaril “tendrá a su cargo la administración y pago de las prestaciones del seguro de riesgos laborales, la contratación de servicios de salud para la atención de los afiliados por enfermedades y accidentes laborales, de la promoción y la prevención de los riesgos laborales, así como la administración de cualquier fondo o seguro de protección laboral en caso de desempleo o desahucio”. Según el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael (Pepe) Abreu, en esta última parte está “el gancho del proyecto” porque evita usar la palabra cesantía pero que legalmente es lo mismo.

El debate por la cesantía rompió diálogo tripartito

El diálogo entre el gobierno, el sector laboral y empresarial se rompió debido a que los representes de las centrales sindicales se retiraron y acusaron al gobierno y los empresarios de intentar darle un “palo acechado a los trabajadores”. Los representantes del sector laboral convocaron a una marcha el próximo miércoles diez de este mes desde el Parque Enriquillo hasta el Palacio Nacional en rechazo al proyecto que busca eliminar la cesantía.

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