El “viaje de transformación hacia un país mejor” planteado en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030 se ha ralentizado. Una serie de reformas mandadas por esa ley orgánica no se han ejecutado en el tiempo previsto, y varios indicadores referidos al año 2020 reflejan retrasos, según la última evaluación.

La revisión de la Ley de Seguridad Social 87-01 debió plantearse a más tardar en el 2014, y la discusión de los pactos Eléctrico y Fiscal tenía como referencia legal que iniciaran en plazos “no mayor” de un año el primero y tres años el segundo. El conteo de los plazos estaba a partir de la promulgación de la END, puley número 1-12, del 25 de enero del 2012.

Esa ley, según se consigna en su texto, “está llamada a marcar un hito en la forma de conducir la Nación. Como acertadamente se planteó en el documento que dio soporte a la primera propuesta de anteproyecto de ley, la puesta en ejecución de la END constituirá Un viaje de transformación hacia un país mejor. En esencia, la END es una ruta consensuada que establece a dónde queremos llegar como Nación y traza las pautas de cómo lograrlo”.

Compromete gobiernos

La legislación cuya elaboración y negociación con los diferentes sectores de la sociedad estuvo liderada por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) en la gestión del ingeniero Temistocles Montás, dice en su artículo 3 que cada gestión de Gobierno deberá contribuir a la implementación de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, a través de las políticas públicas plasmadas en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público, los planes institucionales, sectoriales y territoriales y los presupuestos nacionales y municipales. También dice que cada administración deberá establecer explícitamente la articulación de dichas políticas con los objetivos y líneas de acción de la Estrategia.

Pero en conceptos, indicadores y reformas, el calendario de aplicación y presentación ha sufrido retrasos.También ha quedado rezagado el mandato del artículo 30, que dentro de las reformas asociadas al segundo eje, plantea la revisión de la Ley 87-01, sobre el Sistema Dominicano de Seguridad Social, “respetando los principios enunciados en la misma a fin de superar las deficiencias que se han evidenciado a lo largo de su aplicación y poder completar el proceso de universalización de la seguridad social en un plazo no mayor de dos años”.

De los tres grandes pactos que manda la END –Pacto por la Educación, Pacto Eléctrico y Pacto Fiscal–, solo el educativo ha sido acordado, y los otros dos llevan retrasos de más de tres anos.

Según el artículo 33 de la END, el Consejo Económico y Social deberá convertirse en el espacio para la discusión y concreción de pactos entre las distintas fuerzas económicas y sociales que permitan la adopción de políticas que por su naturaleza requieren un compromiso de Estado y el concurso solidario de toda la Nación.

De la Reforma Educativa, dice que se consigna la necesidad de que las fuerzas políticas, económicas y sociales arriben, en un plazo no mayor a un año, a un pacto que impulse las reformas necesarias para elevar la calidad, cobertura y eficacia del sistema educativo en todos sus niveles, y preparar a la población dominicana para actuar en la sociedad del conocimiento”. En la Reforma Eléctrica, cuya discusión tuvo largas jornadas, pero la firma parece haber caído en un punto muerto, el texto de la ley consigna la necesidad de que, en un plazo no mayor de 1 año, las fuerzas políticas, económicas y sociales arriben a un pacto para solucionar la crisis estructural del sector eléctrico, asegurando la necesaria previsibilidad en el marco regulatorio e institucional que posibilite la inversión necesaria en la energía que demanda el desarrollo nacional. Asumiendo plazo consignado en la ley, ese pacto tiene cinco años de rezago.

De la Reforma Fiscal, el artículo 36 expresa la necesidad de que las fuerzas políticas, económicas y sociales arriben a un pacto orientado a financiar el desarrollo sostenible y garantizar, la sostenibilidad fiscal a largo plazo, mediante el apoyo sostenido a un proceso de reestructuración fiscal integral y el marco de una ley de responsabilidad fiscal que establezca normas y penalidades para garantizar su cumplimiento. El pacto fiscal implicará que en un plazo no mayor de 3 años, se habrá iniciado un proceso orientado a reducir la evasión fiscal, elevar la calidad, eficiencia y transparencia del gasto público, elevar la eficiencia, transparencia y equidad de la estructura tributaria, consolidar en el Código Tributario los regímenes de incentivos, racionalizar los esquemas tarifarios en la provisión de servicios públicos, elevar la presión tributaria, para viabilizar el logro de los objetivos de desarrollo sostenible formulados en esta END 2030, cumplir con los compromisos asumidos en los acuerdos comerciales que tienen implicaciones fiscales, y elevar el ahorro corriente e implementar políticas contracíclicas.

Informe del MEP yD halla avances y rezagos

La más reciente evaluación hecha por el MEPyD, el Sexto Informe de la END correspondiente a los niveles de ejecución del año 2017, detalla los alcances y posibilidades de cumplir o incumplir las metas. Destaca que de un total de 99 indicadores de la END 2030, 76 (76.8%) cuentan con información actualizada.

El informe da cuenta que un total de 72 indicadores (72.7%) mostraron progresos y de ellos, 32 (32.3%) tienen un avance “promisorio”, con alta posibilidad de alcanzar la meta a 2020, si continúan con el crecimiento mostrado, o en algunos casos ya alcanzaron la meta. Cita que 40 indicadores (40.4%) avanzó en la dirección deseada, “aunque de no introducir medidas o acciones para dinamizarlos no alcanzarían la meta 2020”. Otros 20 retrocedieron en relación a la situación en que se encontraban en el año base; y hubo 5 que mostraron estancamiento.

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