Dan plazo de ocho meses a la PGR para construir nueva cárcel para reclusos de “La Carcelita”

La Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo le dio un plazo de ocho meses a la Procuraduría General de la República para que construya un  nuevo local para los reclusos de la denominada “La Carcelita”.

La Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo le dio un plazo de ocho meses a la Procuraduría General de la República para que construya un  nuevo local para los reclusos de la denominada “La Carcelita”.

El tribunal dispuso que si no se construye se debe buscar un nuevo lugar para reubicar a los reclusos que permanecen en la cárcel, ubicada en el parqueo del Palacio de Justicia de la provincia Santo Domingo, en la avenida Chales de Gaulle.

La misma se encuentra en estado de hacinamiento, con un mal olor, y sin las condiciones aptas para que personas estén recluidas allí.

La decisión se da luego de acoger en parte un recurso de amparo interpuesto por la Comisión de Acciones Constitucionales de la Oficina Nacional de Defensa Pública en Santo por la las violaciones a derechos constitucionales de las personas que encuentran detenidas en la prisión.

La Comisión depositó el recurso en contra del Estado dominicano, representado por la Procuraduría General de la República y el procurador general Jean Alain Rodríguez; la Procuraduría General de la Provincia Santo Domingo y su titular el Magistrado Francisco Berroa; a la Procuraduría Fiscalía General de la Provincia de Santo Domingo y a su titular Milciades Guzmán Leonardo y la Dirección General de los Centros del Nuevo Modelo Penitenciario y su director Ismael Paniagua.

De igual forma son demandados los Centros de Corrección y Rehabilitación (CCR) San Pedro, Najayo Mujeres, Najayo Hombres y Monte Plata, en sus directores Juan Otaño Mota, María Soriano Herrera, Yenny Olga Hernández, y Manuel Rodríguez Vizcaíno; por las violaciones a derechos constitucionales de las personas que se encuentran en este espacio físico.

Mareline Tejeda, Ruth Ubiera, Adalquiris Lespín, Albert Delgado, Ángela María Herrera y Winie Adames, en representación de todos los defensores públicos y abogados adscritos en este departamento judicial, indicaron que cuando los detenidos son enviados por resoluciones motivadas a uno de los centros penitenciarios, los mismos se niegan a recibirlos, conllevando así a no solo desconocer la obligatoriedad legal de que la persona cumpla la pena o medida preventiva en el lugar que dispuso el juez o tribunal que debía cumplirla.

Además afirmaron que  debe ser obligatorio crear las condiciones mínimas adecuadas para que reconociendo los derechos del hombre o la mujer, y conociendo el mandato que a sí mismo se dio, pueda garantizárseles y no violentárselos como en el caso de la especie.

Explicaron que por la noche los reclusos se tienen que bañar con una manguera,    que las autoridades no le dan comida por lo que los familiares deben de llevársela.

Asimismo, dijeron que por las noches no les permiten el acceso al único baño que hay disponible por lo que la mayoría tiene que hacer necesidades en fundas. Además, debido a que en la pequeña cárcel se encuentran entre 75 y 100 personas estas deben dormir de pie por la falta de espacio.

Mediante el recurso de amparo piden que se tomen las medidas de lugar para que los reclusos sean trasladados a sus centros.

En este mismo mes, la Procuraduría General de la República informó que construirá una nueva cárcel para los internos que están a la espera de las audiencias para el conocimiento de medidas de coerción en el recinto preventivo que funciona en el referido Palacio de Justicia.

Mediante un comunicado, dijo que “ante la situación de dificultad en la edificación actual para los privados de libertad, abogados y familiares, la cual ahora alberga además a los internos de la cárcel preventiva de San Luis que se encuentra en construcción, el procurador general de la República, Jean Rodríguez, autorizó la nueva construcción como parte del Plan Nacional de Humanización del Sistema Penitenciario”.

La institución indicó que el fiscal titular de Santo Domingo Este, Milcíades Guzmán, al dar la información, reconoció que las condiciones de los privados de libertad en la cárcel actual son precarias por la cantidad que hay, pero informó que próximamente ese panorama cambiará. “De esta manera mejoraremos las condiciones humanas de los internos y se les dotará de una nueva infraestructura con los servicios básicos principales”, dijo.

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