Juristas afirman en Foro Constitucional: “los límites temporales al ejercicio del Presidente ayudan a preservar salud de la democracia”

El constitucionalista español Ángel Sánchez Navarro y los juristas Rafael Alburquerque y Cristina Aguiar coincidieron en señalar que  los límites temporales al ejercicio del poder del Presidente de la República “ayudan a preservar la salud de la democracia”.

El constitucionalista español Ángel Sánchez Navarro y los juristas Rafael Alburquerque y Cristina Aguiar coincidieron en señalar que  los límites temporales al ejercicio del poder del Presidente de la República “ayudan a preservar la salud de la democracia”.

Al participar en el Foro Constitucional sobre los estándares de la Comisión de Venecia sobre presidencialismo y reelección, los juristas dijeron también que las reformas constitucionales deben responder a un amplio debate público que legitime las propuestas de los actores políticos.

Sánchez Navarro, miembro de la red de expertos de la Comisión de Venecia y director de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense, dijo que las constituciones deben un equilibrio de poderes como garantía de libertades públicas.

Dijo que los gobernantes no pueden reclamar derechos fundamentales frente a los ciudadanos, porque en la lógica de los derechos humanos es el poder el que debe sujetarse a la Constitución y respetar las libertades de las personas.

“El principio de legalidad le permite a los ciudadanos hacer todo cuanto no le está prohibido, pero a quienes ejercen el poder le impone la obligación de sólo hacer lo que la Constitución y la ley le permiten”, adujo el jurista español.

De su lado, el ex-vicepresidente Rafael Alburquerque subrayó que la propia Comisión de Venecia deja claro que la reelección presidencial no es un derecho humano, puesto que para que tenga esta categoría necesitaría ser reconocido en la Constitución.

“Si usted analiza el epígrafe de los derechos fundamentales en nuestra Constitución verá que no sólo la reelección no es un derecho fundamental, sino que tampoco los derechos de elegir y ser elegido, pues esos son derechos que se derivan del atributo de la ciudadanía y como tal son derechos de ciudadanía”, señaló.

Agregó que derechos como el de elegir y ser elegido pueden ser legítimamente limitados por la Constitución, como pasa con la edad mínima de 30 años para optar por la Presidencia de la República o de 25 años cumplidos para ser senador o diputado.

Por su parte, la ex-embajadora ante Naciones Unidas Cristina Aguiar, al intervenir en el evento, ponderó el rigor intelectual del informe de la Comisión de Venecia que determinó que la reelección no es un derecho fundamental.

En ese sentido, dijo que en el 2015 en República Dominicana se eliminó la prohibición de reelección inmediata para beneficiar al gobernante de turno “por lo que ahora se debe pagar por lo que se consumió”.

“Nosotros deberíamos ver la reelección como el Diablo a la cruz, por los efectos nefasto que ha tenido en nuestra historia republicana”, dijo la diplomática y experta en Derecho Constitucional.

 Foro Constitucional

El Foro Constitucional es una iniciativa de sociedad civil compuesta por académicos del Derecho Constitucional que han emprendido una agenda pública con el objetivo de propiciar un debate plural sobre las implicaciones de una reforma constitucional en estos momentos.

El Foro realizó esta jornada con Sánchez Navarro  como invitado especial, quien es catedrático de Derecho Constitucional de la universidad Complutense y miembro de la red de expertos de la  Comisión de Venecia.

La Comisión de Venecia, como se conoce la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho,  es un órgano consultivo creada por el Consejo de Europa en 1990 con el objeto de dar asesoramiento a la construcción democrática de Europa tras la caída del Muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética.

Su principal actividad consiste en asesorar a naciones europeas y latinoamericanas para la preparación de reformas constitucionales, legislación constitucional y legislación electoral.

La comisión está integrada por todos los países de Europa y tiene un acuerdo ampliado con  naciones latinoamericanas para integrar juristas y magistrados a su staff de experto.

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