El vicepresidente ejecutivo Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, afirmó ayer que el sistema penitenciario amerita la intervención urgente del Estado y de las instituciones que interactúan en el mismo.
Indicó que es preocupante el estado de la seguridad ciudadana dominicana que evidencian los hechos delictivos que constantemente arropan los medios de comunicación, las redes sociales y el sentir social en las calles. A su parecer estos aspectos obligan a encauzar la atención pública a otro de los aspectos que conforman el sistema de justicia penal, esto es el sistema penitenciario.
Mediante un comunicado, Castaños Guzmán dijo que las investigaciones de diversos crímenes y delitos ha resultado un factor alarmante respecto de la participación activa de privados de libertad en la comisión de estos hechos antijurídicos; “esto, sin lugar a dudas, emite una alerta ineludible de las gravísimas falencias que trastocan los centros de reclusión de nuestro país”.
Dice no es secreto que las cárceles son débiles.
Sostuvo que “para nadie es un secreto” que a lo interno de las cárceles del país, por la complejidad y multiplicidad de factores que coexisten, emerge una serie de importantes debilidades, entre ellas la falta de transparencia, conexiones con grupos criminales organizados, permeabilidad de los controles y la insuficiente inversión presupuestaria institucional.
“Estos, son solo algunos de los ingredientes perfectos que puede conducir a situaciones realmente graves y complejas, en las cuales es imposible que la pena privativa de libertad cumpla con el fin que traza la Constitución, esto es que se orienten hacia la reeducación y reinserción social de la persona condenada”, expresó Castaños Guzmán.
Manifestó que desde la institución concuerdan con lo expresado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en que dado este contexto, las cárceles entonces se convierten, “en escuelas de delincuencia y comportamiento antisocial que propician la reincidencia en vez de la rehabilitación”; y es que, con sugestiva impunidad, aquellos que se encuentran recluidos urden tácticas para seguir delinquiendo aún privados de su libertad.
“Esta realidad obliga que se realice un análisis y diagnóstico profundo de las particularidades que obstaculizan la efectividad del objeto de las penas privativas de libertar a la luz del catálogo de derechos que asume nuestra Ley Sustantiva”, dijo Castaños Guzmán.
Detalló que dentro de las vulnerabilidades en el sistema están las la violación sistemática de los derechos humanos de los reclusos y sus familias, especialmente de aquellos en condiciones de vulnerabilidad.
Recordó que el país cuenta con un sistema penitenciario mixto donde convergen cárceles tradicionales y centros de corrección y rehabilitación; de estos 17 han avanzado al denominado “nuevo modelo” y todavía, 19 cárceles pertenecen al “viejo modelo”, “las cuales se identifican, básicamente, por ser instituciones que además, de sobrepobladas, tienen una tasa aberrante de hacinamiento de más de un 262.5 por ciento, que por obviedad hace a los reclusos susceptibles a la corrupción y a la reincidencia”.
Asimismo, Castaños Guzmán añadió que otro de los aspectos que llama la atención “sobremanera y que impacta negativamente en la calidad del sistema penitenciario es la exorbitante cantidad de privados de libertad en calidad de preventivos”.
Explicó que de los últimos informes y/o censos, indican que, al 10 de enero del 2019, del total de 26,134 privados de libertad, 15,873 están preventivos y los 10,259 restantes se encuentran recluidos en cumplimiento de la pena decidida por el sistema judicial. Dijo que esto significa que únicamente un 39.3% del total de la población carcelaria están cumpliendo una condena de un tribunal.
“Esto afecta de manera frontal la eficacia del sistema penitenciario, pues se recrudece la evidente situación de hacinamiento y no permite una mejor distribución del presupuesto asignado, pues a mayor cantidad de privados de libertad menor inversión en el esquema adecuado para garantizar la calidad del sistema”, consideró.
A su entender el Estado dominicano, en el marco de la reforma del sistema de justicia penal, ideó con relación a los sistemas penitenciarios una especie de programa progresivo de readaptación del condenado. Esta orientación que, en cierta medida, fundamenta el sistema penitenciario, ha confrontado serios obstáculos para su concretización; dentro de ellos, además de los puntualizados anteriormente, resalta la falta de inversión del Estado.
En ese orden, sostuvo que es notorio que las cárceles se han quedado a medio camino en el cumplimiento de su misión esencial para la rehabilitación de los internos.
Dijo que se requiere una coordinación interinstitucional guiada por datos precisos respecto del estado real y las debilidades que posee.
Hay que eliminar mezcla de los dos modelos
Castaños Guzmán afirmó que desde Finjus se ha expresado en numerosas ocasiones que urge que el sistema penitenciario se avoque a una profunda metamorfosis, cimentado en los presupuestos esenciales de derecho que enarbola la Constitución. Explicó que “un reto particularmente relevante” en el país es que los órganos estatales encargados de transformar el sistema penitenciario se aboquen con celeridad a eliminar la coexistencia de dos modelos de reclusión totalmente incompatibles y excluyentes. “Se requiere que los espacios de privación de libertad sean adecuados al nuevo modelo penitenciario basado en los Centros de Corrección y Rehabilitación. La privación de libertad, como plantean importantes doctrinarios del derecho, ha de servir para una verdadera reinserción de los individuos a la sociedad garantizado con mecanismos de control efectivos durante el cumplimiento de la pena”, manifestó. Además, precisó que la interacción especial de sujeción entre la persona privada de libertad y el Estado, obliga a este a intervenir el sistema penitenciario en pro de una reforma del mismo que garantice el objeto de la pena y el equilibrio de la sociedad.
