En materia de libertad las regulaciones son peligrosas. Los gobiernos autoritarios se valen de ellas para silenciar a la prensa y acallar a sus opositores. El desenfreno y la vulgaridad como práctica habitual en algunas estaciones y programas de radio y televisión han convencido a mucha gente de la necesidad de imponer controles al uso de esos medios. Por tal razón, más personas se inclinan a tolerar el exceso de autoridad con tal de ver a sus hijos protegidos de las extravagancias y obscenidades que trazan las pautas de popularidad y el éxito comercial que traen consigo las grandes audiencias.
Debemos reconocer, sin embargo, que los programas propulsores de esos métodos son los preferidos de nuestros líderes y políticos y que son muy pocos los que no siguen sus transmisiones, sin importar el riesgo de caer en las deprimentes trifulcas verbales que se dan en los mismos con inusitada frecuencia. Y deplorar también que sea el respaldo publicitario del gobierno como de las publicitarias lo que les garantiza mantener sus altos ratings.
Al proponer una nueva regulación, el entonces presidente Fernández dijo en el 2010 que el organismo por él sugerido evitaría que se empleen “malas palabras” en las transmisiones radiales y televisivas. La pregunta que hice en aquella oportunidad y la reitero hoy ante la preocupación ciudadana es “¿quién tendrá la autoridad para decidir qué es una mala palabra?”
Admito que este razonamiento no cabe en la atmósfera actual, y que, por ende, se desdeñe la posibilidad de su uso para eliminar la crítica como vulgar u obscena, imponiendo así una “verdad oficial”. A lo que le tengo miedo es que algún día esta sociedad le ceda el derecho al gobierno a decidir sobre un asunto que a mi juicio concierne exclusivamente a la prensa: fijar los límites de su responsabilidad. Delegarla en manos de gobiernos o extraños a ella puede ser el germen de su perdición.
