Washington, 30 jul (EFE).- La organización Planned Parenthood, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y la firma legal Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP demandaron este martes al Gobierno de Misuri para evitar que las nuevas normas que restringen el acceso al aborto en este estado lleguen a entrar en efecto.
«Planned Parenthood no se acobardará ante los políticos que están tratando de desmantelar nuestro acceso al aborto seguro y legal», señaló en un comunicado la presidenta en funciones de esta red de clínicas de salud reproductiva, Alexis McGill Johnson.
El pasado mayo, el gobernador de Misuri, Mike Parson, promulgó una ley sobre el aborto que prohíbe la interrupción del embarazo después de la octava semana de gestación, sumándose a otros estados con leyes similares.
La organización sostiene que, en caso de implementar esta legislación, conocida como «ley del latido del corazón», algunas mujeres no tendrían esta opción al no ser conscientes de su estado hasta pasado este tiempo.
«Antes y después de las ocho semanas del último ciclo menstrual muchas mujeres no saben que están embarazadas, especialmente aquellas que tienen ciclos irregulares, debido a ciertas condiciones médicas, al uso de anticonceptivos, a que están dando el pecho o que sufren sangrados al comienzo del embarazo que pueden ser confundidos con el período», apunta la demanda, a la que tuvo acceso Efe.
Además de este pleito, Planned Parenthood se enfrenta a Parson por las restricciones legales que su Administración ha impuesto en los últimos tiempos y que podrían provocar el cierre de la única clínica que esta organización aún mantiene abierta en este estado del centro del país.
Misuri exige que las pacientes que deseen interrumpir su embarazo acudan a una consulta en la clínica un mínimo de 72 horas antes de que se les practique el aborto, y que se sometan a un examen pélvico en esa primera cita, así como otros requisitos técnicos que dificultan que una clínica pueda operar de manera eficiente.
Esta situación llevó al Gobierno de Misuri a no renovar la licencia a la única clínica de Planned Parenthood que aún queda en el estado, situada en San Luis, una decisión que se encuentra en estos momentos en los tribunales.
En este sentido, los demandantes también alegaron este martes que «desde hace años» la Administración de Misuri «ha formado parte de una campaña contra el aborto» para lo que, según sostienen, han «implantado requisitos y restricciones que no son médicamente necesarios».
En los últimos meses, numerosos estados del país se han sumado a una oleada legislativa que, en la práctica, están imposibilitando a muchas mujeres el acceso a los servicios para la interrupción del embarazo.
Planned Parenthood denunció este martes en un comunicado que esta tendencia se debe a que numerosos políticos regionales se sienten «envalentonados» gracias a la Administración Trump, lo que ha provocado la aprobación de 26 normas que restringen el aborto por todo el país, solo en lo que va de año.
Debido a las medidas estatales aprobadas en los últimos años, el acceso a servicios reproductivos asequibles ha disminuido drásticamente, y en seis estados -Kentucky, Misisipi, Misuri, Virginia Occidental, Dakota del Norte y Dakota del Sur- ya solo queda una clínica donde se practican abortos. EFE
