Los dibujos son elocuentes: un policía blanco dispara contra una persona negra. Un helicóptero de las fuerzas de seguridad bombardea desde lo alto diferentes casas. Armas largas que imitan ametralladoras accionan contra una familia.
Los mensajes también acompañan a las imágenes: «Eso está mal». «Tengo miedo de salir a la calle».»Queremos paz en Maré».
El pasado lunes, la ONG ‘Redes de Maré’ envió a la Justicia de Río de Janeiro, Brasil, 1.500 cartas escritas por niños del Complejo de Favelas de esa comunidad, en donde detallaron los abusos policiales que ocurren frecuentemente durante operativos de seguridad.
La iniciativa de la organización fue alertar a los tribunales respecto al «estado de guerra» que viven los habitantes de algunos barrios del distrito, y solicitar medidas «urgentes» para frenar la problemática.
El Complejo de Maré está conformado por 15 favelas de Río, en donde viven más de 130.000 personas. Es considerado un sitio «peligroso» por el actual gobernador del estado, Wilson Witzel, quien ha demostrado una posición de confrontación permanente en su lucha contra el narcotráfico. En declaraciones con los medios locales, el mandatario regional dijo que los traficantes de drogas tenían que ser tratados como «terroristas» y «deben ser trasladados a una prisión al estilo de la de Guantánamo».
En el mes de mayo, las fuerzas de seguridad irrumpieron en Maré durante el día y asesinaron a ocho personas, a los que consideraron como «criminales». El horario en que comenzaron los disparos coincidió con la salida de los niños de la escuela, quienes debieron huir y refugiarse para evitar el tiroteo.
La voz de las comunidades
Edson Diniz es director de la ONG ‘Redes de Maré’ y quien impulsó la iniciativa de enviar las cartas a la Justicia de Río. Entre las principales medidas que la organización reclama está el restablecimiento de acciones públicas, que funcionaron durante los años 2016 y 2017, y que fueron revocadas por el actual gobernador.
«Queremos restablecer ciertas políticas de seguridad que fueron suspendidas por la Justicia de Río y por orden de Wilson Witzel. Como que todos los operativos policiales deben estar acompañados de una ambulancia; los efectivos deben portar una identificación visible y llevar cámaras que registren todas sus intervenciones en la comunidad. También se prohíben los despliegues próximos a escuelas y el acceso a las casas de los habitantes por la noches, algo muy frecuente estos días», detalla Diniz, en diálogo con RT.
En cuanto su idea de «sensibilizar» a los tribunales del estado, el director de Redes de Maré apuntó que las cartas de los niños narran «una vida cotidiana de enfrentamientos armados» y consideró necesario «implementar políticas que garanticen los derechos básicos de la comunidad».
«En los primeros seis meses del años, 27 personas murieron por la acción de la Policía en Maré. La Justicia dice que el estado es el que decide las mejores políticas de seguridad, y nosotros coincidimos con esa premisa: no queremos imponernos a la autoridad, solo criticamos las formas y maneras de intervención armada. Estamos conversando con diferentes partidos políticos para profundizar nuestros reclamos y que escuchen lo que piden los niños», detalló Diniz.
Raull Santiago es un activista por los derechos humanos de Río e integrante del colectivo social ‘Papo Reto’, dedicado al monitoreo de las políticas públicas en el Complejo de Alemao, otra zona militarizada por la Policía.
«La situación en nuestra comunidad es crítica. Vivimos sobre la linea de fuego, a causa de tener un gobernador de ultraderecha como Wilson Witzel y que está alineado perfectamente con la ideología armamentista del presidente, Jair Bolsonaro. La policía entra con vehículos blindados, helicópteros, tanques de guerra y comienzan a disparar sin utilizar un protocolo de seguridad que apunte a garantizar el bienestar de los habitantes», explica el activista.
Santiago confiesa que el territorio del Complejo de Alemao es amplio y difuso, y que cualquier torpeza policial «causa la muerte injustificada» de los habitantes: «La ‘guerra de drogas’ que las autoridades impulsaron en las favelas de Río dista mucho de solo apresar a delincuentes. Se buscar criminalizar,sin ningún sustento válido, a las personas negras, pobres e indígenas de Brasil. También se acusa a los movimientos en defensa de derechos humanos de colaborar con los narcotraficantes, y eso se convierte en una excusa para no cumplir con nuestros reclamos», resume el integrante de ‘Papo Reto’.
