Los danilistas parecen “vengarse” sin hurgar en los factores que impidieron la reforma constitucional

Si la corriente danilista en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) asumió la reelección de Radhamés Camacho como una respuesta premeditada a Leonel Fernández como gestor del movimiento que impidió una nueva modificación constitucional para habilitar al presidente Danilo Medina, en la práctica estimuló las diferencias internas y especialmente envió un mensaje más que contundente para despabilar a sus competidores para que entiendan mejor con qué clase de adversarios están enfrentados.

Probablemente, el ala leonelista interpretó la iniciativa del presidente Medina de acoger su sugerencia de votar las precandidaturas en la asamblea del comité central como un gesto de buena voluntad. Pero el desempeño en la Cámara de Diputados niega esa percepción y concuerda con las tesis de voceros oficiosos del danilismo de que simplemente se aprobaron las precandidaturas en bloque para reservarle a Fernández una aplastante derrota durante la celebración de las primarias del 6 de octubre.

Podría tener sentido si se considera que la elección de Camacho no tiene tanta trascendencia en comparación con el match por la reforma constitucional, proceso que ha sido objeto de atención de analistas de diversas latitudes acerca del recurso del discurso político y la movilización social en torno a un propósito mayor que dio al traste con un proyecto de reelección de un jefe de Estado.

Y en esa perspectiva, habría que valorar el significado de los hechos ocurridos durante julio y meses anteriores, durante los cuales el expresidente Fernández y su equipo articularon un movimiento político y social que logró movilizar a una sociedad expectante después de protagonizar las manifestaciones contrarias a la corrupción lideradas por Marcha Verde.

Ese movimiento se fundamentó en el discurso acerca del valor del respeto a la Constitución de la República, mediante la formación de una denominada Coalición para la Defensa de la Democracia, mediante la cual se construyó una consistente argumentación sobre los riesgos de la reforma y su impacto en la institucionalidad y el futuro de la República.

No sólo se recurrió a la construcción del discurso legal y constitucional, sino que también se generó un acompañamiento de especialistas y constitucionalistas extranjeros que analizaron la improcedencia de una reforma con un único propósito y los impactos que provocaría en la gobernabilidad.

Para dimensionar el éxito de la movilización social, Fernández logró cohesionar a sus seguidores en el Congreso Nacional, donde pudo mantener una “fuerza propia” que resistió variados embates.

Más allá del Congreso, la Coalición para la Defensa de la Democracia estableció alianzas con estamentos de la sociedad civil y grupos sociales que respaldaron la resistencia de los legisladores con presencia militante y sistemática frente al edificio del Congreso.

Al mismo tiempo, el proyecto de reforma y la subsecuente movilización ante el Congreso empezaron a impactar la vida dominicana, lo que fue objeto de atención de representaciones internacionales en el país, como la influyente embajada de los Estados Unidos, otras legaciones de bajo perfil con intereses en la República Dominicana y los medios internacionales de comunicación.

Dos senadores de Estados Unidos también prestaran atención al conflicto. Robert –Bob- Menéndez, senador demócrata por Nueva Jersey y Marco Rubio del estado de La Florida advirtieron sobre los hechos en desarrollo en la nación caribeña. Posteriormente se produciría la famosa llamada de Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, al presidente Medina. Para muchos, un factor fundamental para la desactivación de la iniciativa de reforma.

La oposición nacional se vio obligada a reaccionar, tanto desde la izquierda, a través del Frente Amplio, como del sector del Partido Revolucionario Moderno (PRM) liderado por Luis Abinader. Se sumaron a la corriente de resistencia a una nueva reforma. El dirigente opositor lideró una masiva congregación de ciudadanos frente al Congreso en repudio al intento de habilitar al presidente Medina.

El contexto internacional

Las tensiones por la reforma reeleccionista coincidían con las experiencias de Venezuela y Nicaragua, a consecuencia de un continuismo indefinido, que han devenido en autoritarismos engendradores de violencia. Una reforma constitucional para reelegir a Medina por tercera vez podía considerarse verse en el exterior como una amenaza a la estabilidad política, toda vez que encontraba fuerte resistencia en el partido oficial y en segmentos importantes de la oposición.

El danilismo a la carga

Para algunos, la reelección de Camacho concuerda con la anunciada continuidad de la respuesta a la “corriente minoritaria” que impidió la habilitación del Presidente. Pero tal respuesta es una expresión de que el danilismo no termina de comprender que no tuvo el mejor desempeño para justificar el proyecto de reforma constitucional.

Dado el fracaso del proyecto reeleccionista, la respuesta no podía ser el golpe de la elección de Camacho, porque se llevó formalmente de encuentro los acuerdos contenidos en el Pacto de 2015 ratificado por el comité político.

Con esa acción, materializada con el apoyo de diputados opositores y aliados, el danilismo parece vengarse, pero no hurga en los verdaderos factores que imposibilitaron la reforma a la Constitución.

Debieron analizar su desempeño durante todo el proceso previo a los días finales de la confrontación en el Congreso. Si lo hicieran, descubrirían que el grupo no elaboró adecuadamente lo que en algún momento se consideró como una “narrativa justificadora” de las razones de la reforma de la Constitución.

El discurso, al margen del accionar francotirador de algunos abogados, se afirmaba en una reiteración sistemática de que se “tenían los votos asegurados”, o que serían “conseguidos de cualquier manera”.

Ese tipo de enfoque hacía pensar que prevalecería la creencia de que la capacidad de amarre estaba por encima de las razones constitucionales o políticas que avalarían la acción.

No hubo un mensaje claro ni definitivo

Los auspiciadores se movieron generalmente en la sombra y los voceros no tenían la autoridad ni la calificación suficientes como para dejar claro que el presidente Medina andaba seria y definitivamente embarcado en un proyecto de reforma constitucional.

El oficialismo más bien enviaba un mensaje difuso, como si efectivamente dudara, y en su discurso de desistimiento, el propio presidente Medina reconoció que en algún momento pensó en la posibilidad de auspiciar una reforma.

Pero tampoco hubo una rotunda cohesión de sus parciales, como si se jugara a amagar y no dar.

El presidente Medina estimuló las dudas. Los mensajes sobre su actitud frente al futuro no fueron muy claros. En algún pasaje de su discurso dijo que le comunicó a José Ramón Peralta que hiciera saber que él no iría. Igual le habría dicho a Gustavo Montalvo y a Félix Jiménez.

Además, había autorizado a siete dirigentes de su grupo para que se lanzaran como precandidatos, lo que pareció una táctica para mantener cohesionadas a sus huestes ante la eventualidad de la habilitación.

Al mismo tiempo, algunos imponderables vinieron a coincidir con las protestas ante el Congreso, como el atentado contra David Ortiz y las muertes de turistas de EEUU en hoteles de la región Este. Se combinaron una serie de hechos o situaciones que oscurecieron cada vez más la oportunidad de presentar el proyecto de reforma.

En definitiva, aunque el presidente Medina deseaba la reforma, jugó demasiado al silencio y al tiempo (“Más adelante, casi casi…”, hasta que se le hizo tarde), mientras sus contrarios avanzaban indetenibles contra cualquier intención reformadora.

De hecho, la confrontación por la reforma devino en tensión social, lo que incluso se reflejó en el desenvolvimiento económico, lo cual fue reconocido por algunos sectores.

El discurso del desistimiento

Y llegó la hora del desistimiento del presidente Medina. Quejas y amarguras hacia el sector minoritario, al cual acusó de pretender desacreditarlo.

La elección de Camacho vendría a ser el nuevo escenario en el que se verifica la continuidad de la guerra, y al tenor del apoyo recibido de los diputados del PRM, el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), se relaciona a otro intento de modificación constitucional, esta vez aupado por voces de la oposición liderada por Federico Antún Batlle e Hipólito Mejía.

El domingo, Leonel Fernández advirtió en La Vega que hay una preocupación de cara al proceso electoral, porque “cierto liderazgo político está queriendo desviar el curso natural de la historia en el país”.

El desconocimiento del Pacto de 2015 con la elección de Camacho es apenas el adelanto de la vendetta prometida. Habría que ver si se salda con “sangre nueva” el 6 de octubre.

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