SANTO DOMINGO.– El Colegio de Abogados de la República Dominicana calificó como preocupante algunas de las Propuestas de Reformas del Sistema de Justicia que pretende realizar el Consejo del Poder Judicial, por lo que solicitó una revisión de seis puntos importantes.
Miguel Surun Hernández, presidente del CARD, externó dicha inquietud a través de una carta dirigida al Consejo del Poder Judicial y a su presidente Luis Henry Molina, en la que les exhorta observar varios aspectos con el objetivo de que se garantice el derecho de los jueces y de otros servidores del Poder Judicial, así como el de los usuarios del sistema de justicia.
Surun Hernández informó que la primera medida que se debe observar es la propuesta de eliminación de las jurisdicciones especializadas con la que se permitiría que cualquier juez conozca un caso sin importar su especialidad, medida que rechazamos porque un juez especializado, tal y como su nombre lo dice, está más preparado para conocer un caso determinado en su área, que un juez común.
El presidente del CARD explicó que actualmente existen jueces de trabajo, de familia, administrativo y de asuntos civil y comercial, y si los casos en esas materias son conocidos por jueces especializados también existe mayor garantía en la calidad de las decisiones.
El segundo punto a revisar es la eliminación de la categoría o escalafón de Juez de Corte de Apelación, porque limitaría los derechos adquiridos por los jueces de llegar a ocupar esa posición luego ir ascendiendo desde Juez de Paz, de Primer Grado y de Corte de Apelación.
El Colegio de Abogados señaló que dichos derechos no solo se encuentran garantizados por la Ley de Carrera Judicial y la Constitución; sino por infinidad de pactos internacionales en materia de trabajo, por lo que entendemos que cualquier reforma, debe incluir el respeto a dichos derechos inalienables de los Jueces Dominicanos.
El tercer punto que el Consejo del Poder Judicial debe reflexionar es la tentativa de reducción de salarios que existe actualmente. Rechazamos los aprestos de la DGII de reducir el salario de los jueces a través de la consolidación de su sueldo, con los aportes para combustibles y gastos de representación, lo cual es ilegal y abusivo.
El Gremio sugirió en cambio como cuarta propuesta la aplicación de un aumento salarial para todos los servidores del sector justicia y gestionar una exención total del impuesto sobre la renta a favor de jueces y sus equivalentes, así como mantener en su favor la exoneración total para vehículos cada cierto tiempo, ya que no es posible que quien decide la suerte patrimonial de todos, se encuentre en situación financiera difícil, que lo obligue al pluriempleo.
El quinto punto que es calificado como delicado y espinoso por el CARD son las propuestas de desvinculación de servidores judiciales como parte de una reforma del sistema de justicia.
Miguel Surun Hernández denunció que se están registrando casos de servidores del poder judicial que han dedicado toda una vida al servicio de la Justicia y de forma repentina, sin causa alguna se les manda a sus casas por “eficientización de los recursos”.
El presidente del gremio dijo que “No nos oponemos a la eficientización y renovación de los recursos humanos, pero dicha medida debe hacerse con humanidad y Justicia; no es posible justificar que un servidor sea enviado a su casa después de 20 o 30 años de servicios, sin nada, salvo una compensación que en poco tiempo agotará”.
Surun Hernández sugirió el establecimiento de un sistema de pensiones para dichos servidores que les garantice una pensión digna y el acceso a seguro médico, ya que muchos trabajan más por el seguro médico que por el salario.
“Apoyamos las medidas que mejoren los niveles de eficiencia en la administración de Justicia, pero sobre la base del respeto de los derechos laborales de los servidores públicos del sistema como son los jueces, registradores de títulos, abogados, ayudantes, secretarias, auxiliares y conserjes”, expresó el gremialista.
La sexta y última recomendación del CARD es evitar las presiones que están recibiendo los servidores del sistema judicial para cambiar el seguro médico a SENASA porque la Ley los obliga, pero recordamos que existe una sentencia del Tribunal Constitucional que rechaza dicha medida.
Entendemos sin embargo que todo cambio del seguro médico debe realizarse luego que se garantice que la nueva aseguradora ofrece mejores condiciones que las actuales, ya sea mediante un acuerdo interinstitucional o mediante la contratación de un póliza complementaria, pues obrar de manera distinta, seria aplicar, por la vía indirecta, una reducción en el salario de todos los servidores judiciales, expresó el presidente del gremio a través de la misiva.
