Mientras el presidente de Chile, Sebastián Piñera, intenta descomprimir la crisis política y social del país con el anuncio el martes por la noche de un potente paquete de medidas sociales —como la subida del salario mínimo, la disminución del precio de los medicamentos o rebajas en la tarifa eléctrica, lo que implica un gasto de unos 1.200 millones de dólares— su Gobierno se enfrenta a un nuevo conflicto: las denuncias por el uso excesivo de la fuerza policial y militar.
Con medio país bajo el control del Ejército desde que se decretara del estado de emergencia, la crisis deja ya 18 muertos, y solo este lunes y martes, 3.284 detenidos, según el Ministerio del Interior.
Al pulso que los ciudadanos mantienen en la calle contra el Gobierno, se han sumado este miércoles los sindicatos. Estudiantes, profesores, funcionarios y miembros de los servicios de salud pública, entre otros colectivos, estaban llamados a una huelga que se alargará hasta mañana.
Las principales muestras del paro se han sentido en las calles de Santiago donde se han celebrado multitudinarias manifestaciones. La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, que agrupa a unos 800.000 trabajadores, indicó que «la de este miércoles fue la concentración más masiva de estas jornadas». «Se sumaron divisiones de la cuprífera Codelco, mineras privadas, del sector público y del comercio, entre otros», informó.
De los 18 fallecidos que se han contabilizado desde el comienzo de la crisis —entre los que hay un peruano y un ecuatoriano—, 11 murieron durante los centenares de saqueos a supermercados y comercios, donde se han producido incendios intencionados.
En las últimas horas, un niño de cuatro años y un hombre de 37 fallecieron tras ser atropellados por un civil presuntamente ebrio en medio de una protesta en San Pedro de la Paz, en la región del Biobío, al sur del país.
Pero existen muertes atribuidas a la actuación de militares y policías. En al menos cuatro, el Gobierno ha reconocido que estuvieron implicados soldados. Tres se produjeron por impacto de bala y una, por atropello.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), una organización independiente de derecho público cuya existencia garantiza la ley, ha presentado cinco denuncias por homicidios ejecutados por carabineros o militares y ocho por violencia sexual, de las 46 que en total ha interpuesto derivadas de la crisis.
De acuerdo con este organismo, un hombre falleció la madrugada del martes en un hospital de Santiago de Chile presuntamente por los golpes que le dieron los carabineros.
Según ha denunciado, los agentes lo abandonaron moribundo en los alrededores de una estación de metro en el municipio de Maipú, oeste de Santiago de Chile.
