Atolladero

Se suponía que con la ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y la 15-19 de Régimen Electoral, combatiéramos efectivamente la compra de voto, uso de los recursos del Estado, excesiva campaña, etc. Pero Participación Ciudadana ratificó la vigencia impune de esos flagelos durante las elecciones primarias del 6 de octubre, normadas por la Junta Central Electoral (JCE). Definitivamente, más que leyes necesitamos la voluntad de aplicarlas. La entidad cívica enfatizó que la JCE debe establecer responsabilidades pero esperarlo es igual a soñar, duele decirlo. Para colmo, la 33-18 es una ley debilitada en su valor normativo pues ha sido declarada inconstitucional en muchas de sus partes. Fracaso institucional esta primera etapa electoral. Dios quiera lo desandemos para febrero y mayo de 2019.