El Partido Revolucionario Moderno (PRM) protagonizó el pasado jueves un acción algo singular en la vida dominicana: la notificación formal a las empresas telefónicas, a la Suprema Corte de Justicia (SCJ), a la Procuraduría General de la República, al Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (Indotel), y a los jueces coordinadores de los juzgados de instrucción del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo los nombres de un grupo de sus dirigentes sobre los que “no existe ninguna investigación penal en curso, por lo que no debe autorizarse la interceptación a sus números de teléfonos”. Son los mismos que llevan en sus hombros la campaña de esa entidad para la búsqueda del poder.
Aunque en las convenciones ordinarias no se supone que un ciudadano deba sufrir una interceptación de sus teléfonos, o que sea objeto de fisgoneo de parte de entes estatales o de elementos particulares, la realidad es que ocurre en la República Dominicana, y a decir de un legislador oficialista, es una industria que funciona, que el mismo ha utilizado.
El PRM o sus abogados Sigmund Freund, Antoliano Peralta, Luis Soto, Julio Peña Guzmán y Efrén Cuello acusan a la Procuraduría General de la República de dedicarse a intervenir los teléfonos de dirigentes políticos de la oposición mediante requerimientos a los jueces coordinadores de los juzgados de instrucción.
Presentan un listado con los números de teléfonos y los nombres de sus dirigentes, para que los jueces “se abstengan” de ordenar las interceptaciones.
Una advertencia que parecería corresponder a un mundo imaginario, en el cual ocurrirían cosas como esa, que no serían propias de un país si no fuese por ciertas realidades.
No están denunciando que les intervienen los teléfonos a sus dirigentes, sino que podría ocurrir. Es una acción que podemos interpretar como “preventiva” ante una eventual violación de derechos como la intimidad.
Si lo consideramos como un acto efectista dentro de las estratagemas políticas, habría que reconocerle algún nivel de originalidad.
De todas formas, es un indicador de hasta dónde hemos llegado, en un país donde nada se descarta, y se recurre a cualquier medio para lograr un fin.
