Estamos en estos días en una espiral de violencia contra las mujeres, tantas víctimas que ha llevado a una entidad a pedir al gobierno que declare una alerta nacional frente a ese flagelo.
Ocurre sorprendentemente en el mes en que conmemoramos el Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer, el próximo día 25, adoptado por Naciones Unidas en memoria de las hermanas Mirabal.
Se disparan las agresiones justo después que la Procuraduría General de la República (PGR) declarara que en lo que va de año los feminicidios habían disminuido en un 22% con relación al último período.
Una suerte de declaración triunfalista como si se tratara simplemente de una competencia de cifras. De todas formas, esa reducción de que habla la Procuraduría la explica en la implantación del Plan Nacional Contra la Violencia de Género desde hace dos años. Entonces el número de víctimas era de 99, con una caída a 74 durante el 2018.
En favor del Ministerio Público hay que decir que hubo un enfático empeño desde los primeros días de la gestión en bajar las víctimas por violencia de género, pero habría que ver y especialmente analizar qué se ha hecho para disminuir el derramamiento de sangre de mujeres victimizadas.
En algunos casos, hemos tenido pérdidas sensibles por negligencias o complicidades de agentes llamados a prevenir, perseguir y conseguir sanciones contra los abusadores de mujeres.
Así, hemos visto cómo ciudadanas dominicanas, generalmente jóvenes, han caído porque sus agresores, que debieron estar en las cárceles, fueron favorecidos por decisiones de fiscalizadores que han dado lugar a escándalos que machan la política de reducción de la violencia en las familias.
De modo que no puede haber complacencias por cifras entre un año y otro. Hay que insistir en tratar de desentrañar las causas que originan estas tragedias.
Tantas muertes de mujeres en tan pocos días son como para alarmarse y entender que debe irse más allá. ¿Qué hacer? Las autoridades deben seguir buscando respuestas.
