Es algo difícil determinar con propiedad hasta dónde los ciudadanos cargan con sus pesares, sin que muestren muy visiblemente el nivel de irritación que los abruman. De hecho, hacen todo lo necesario por sobrellevarlos, y para ello buscan mecanismos para asimilarlos como un calvario. Los dominicanos han elaborado frases para aceptar esas situaciones, y dicen: -Pa’lante hasta que el cuerpo aguante.
Pero no es justo que haya que empujar a los pueblos hasta el límite, porque podrían entrar en juego factores fundamentales para la convivencia tranquila.
No estamos pensando en los hechos recientes con altos contenidos sociales ocurridos en este mismo lado del mundo. La reflexión se origina en una materia cotidiana que el experto en seguridad social Arismendi Díaz Santana lo sintetiza con una cifra monumental: los dominicanos afiliados a un Plan Básico de Salud contributivo sobrepagan más de 80 mil millones de pesos cada año, por la escandalosa realidad de que los prestadores de servicios cobran más de lo que corresponde por los mismos.
Cuando se recibe ese dato es inevitable que se genere una irritación. ¡Eso no puede ser! Aunque no resulta fácil desentrañarlo, lo percibimos reciamente cuando se va a una consulta médica, cuando se vuelve por segunda vez a llevar los resultados de algún estudio, cuando se paga una diferencia por ese estudio o cuando se recibe la factura después de un internamiento.
Es una combinación de elementos que atentan contra la economía de las personas, de los pacientes, y se devela dramáticamente cuando el Estado anuncia como gran cosa el aumento de la cápita sin resultados perceptibles para los pacientes.
Todo se torna dramático cuando descubrimos que además del encarecimiento, los proveedores prescriben servicios y procedimientos innecesarios, lo que es una indolencia y una falta ética grave. Peor, quienes hacen eso no dejan rastro, no hay transparencia y entonces caen en el campo de la evasión fiscal.
Y para colmo, el Estado confiesa a través del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) que no cuenta con los medios para regular esta barbaridad.
¿Hasta cuándo persistirán esos abusos? Nadie sabe, porque todo está vinculado al boicot al programa de atención primaria, condenado a muerte por falta de voluntad y acción de un poder público indolente.
