Santiago. Los reclamos de intervención para la rehabilitación y potenciación de la fortaleza San Luis como destino cultural y turístico son constantes, pero han caído en un limbo en el que se sobreponen intereses encontrados por su gestión.
Para el historiador Edwin Espinal Hernández, sería importante que la resolución aprobada por el Senado a iniciativa del senador Julio César Valentín de liberar sus espacios y que tenga eco tanto en el Estado como en la sociedad civil.
Espinal Hernández recuerda que la fortaleza fue declarada Patrimonio Nacional mediante decreto 172-91, del 29 de abril de 1991, pero en sus dieciocho años de existencia, el Ministerio de Cultura, no ha ejecutado planes para preservar el patrimonio cultural tangible de la nación, así como para fomentar su protección, conservación, rehabilitación y divulgación, de acuerdo con la Ley 41-00.
El historiador quien además preside el Comité Dominicano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), indica que tampoco la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental ha asumido la realización, coordinación y ejecución de iniciativas para la puesta en valor de esta valiosa pieza del Patrimonio Monumental de la Nación.
Decretos
Espinal refiere que desde su creación por decreto 1557-04, del 16 de diciembre de 2004, la comisión creada para la conservación, preservación y puesta en valor de la fortaleza San Luis, no se ha instalado ni reunido nunca.
La comisión la integran el Consejo Nacional de Asuntos Urbanos (Conau), que ostenta su presidencia; el Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago, el alcalde municipal, el gobernador de la provincia, Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR) de la PUCMM, Dirección de Patrimonio Monumental, Asociación de Tiendas de Santiago (Asotisa), Asociación para el Desarrollo de Santiago (Apedi) y la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago.
El historiador resalta la oposición mantenida por la ACIS a las iniciativas de transformación cultural de la fortaleza.
Gobiernos han otorgado fortín a sector privado
Por decreto 730-03, del 6 de agosto de 2003, el Poder Ejecutivo concesionó a la ACIS la construcción, operación, explotación y administración de un edificio de estacionamientos en la fortaleza San Luis, despojando así a la empresa COLOPARK, beneficiada por decreto 1063-01, del 23 de octubre de 2001 con una concesión por treinta años para desarrollar y administrar parqueos en ese recinto histórico a un costo de 85 millones de pesos. El ya mencionado decreto 1557-04 derogó la autorización otorgada para la concesión a la ACIS, pero esta sostiene que, si bien fue derogada, no fue rescindido el contrato de concesión, aspecto al que se aferra para condicionar y permitir cualquier intervención en el monumento histórico.
