Aunque algunos no lo visualizaron así, era evidente que la rivalidad existente entre los dos líderes principales del partido oficial marcaría el devenir de este convulso año preelectoral, y muchas cosas que se daban por descontado no se produjeron y, otras que se entendían no se producirían se están produciendo.
A pesar de sus muchos errores y falencias, la aprobación de las leyes 33-18 y 15-19 de partidos políticos y de régimen electoral ha provocado que el cumplimiento, incumplimiento e inconstitucionalidad de sus disposiciones inusitadamente tenga la principalía en este proceso electoral que se ha convertido en una batalla legal que pone a prueba a la Junta Central Electoral (JCE), al Tribunal Superior Electoral y al Tribunal Constitucional, lo que se aumenta debido a la ambigüedad e inconsistencia de muchas de sus disposiciones.
El hecho de que finalmente se haya producido una escisión del partido oficial por más que esta haya querido ser minimizada por las autoridades de dicho partido, tiene un peso y unas consecuencias importantes que van más allá de lo estrictamente electoral, pues la hegemonía de ese partido que gobierna ininterrumpidamente desde el 2004, que ha tenido el control del Congreso desde el 2006 y del Consejo Nacional de la Magistratura lo que le ha permitido decidir quienes conforman las altas cortes, la Cámara de Cuentas, la JCE entre otros órganos del Estado, ha variado y lo que hasta hace poco siempre fue fácil decidir o imponer, ahora ya no lo es.
La oposición fue debilitada como producto de esa hegemonía y de pactos suscritos por esta que estuvieron marcados por la búsqueda de intereses particulares y conllevaron su división, por eso poco pudo hacer como minoría en el Congreso para impedir la aprobación de algunas leyes y contratos o para hacer aprobar solicitudes como interpelaciones de funcionarios; y casi nada pudo hacer en los comicios del 2016 organizados por una JCE autoritaria y parcializada y un Tribunal Superior Electoral politizado que no le dejaron espacio para encontrar respuesta a sus reclamos de violaciones a la Constitución y la ley.
Pero resulta que ese panorama cambió, pues ni se trata de la misma JCE y Tribunal Superior Electoral, ni son los mismos actores políticos ni las mismas mayorías, y tenemos un Tribunal Constitucional que debe fallar con urgencia las acciones que se interpongan en ocasión de este proceso electoral, por eso el peso de contar con las leyes de partido y de régimen electoral es mucho mayor, porque como aquí penosamente el rigor de la ley varía a discreción, la disminución de poder del partido oficial, sumada a que el presidente no pudo presentarse como candidato, sirven de catalizador para la toma de decisiones.
Por eso seguirán sucediendo situaciones que pocos imaginaron y lo único que está seguro en este proceso electoral es que nada es un hecho, pues aun lo que se supuso podría estar garantizado por disposiciones legales ha sido en muchos casos controvertido y revertido por el Tribunal Constitucional que ha declarado nulos diversos artículos de las leyes de partido y electoral, o por el Tribunal Superior Electoral, con efecto limitado entre las partes, que podrá o no ser de aplicación general dependiendo de lo que el Constitucional oportunamente decida.
Las leyes que fueron la vía de decidir mediante primarias organizadas por la JCE el candidato presidencial del partido oficial, lo que debido a sus fricciones se le dificultaba hacerlo solo, o de asegurar sin riesgos la victoria mediante padrón cerrado del candidato del principal partido opositor, también serán el camino para definir quiénes finalmente serán los candidatos por los que todos tendremos el derecho a votar. Por eso a tres meses de las elecciones municipales y seis de las presidenciales nada está escrito y las cosas se seguirán definiendo día por día, según venzan los plazos y se dicten las sentencias.
