El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, indicó este viernes que los jueces que conocieron los acuerdos con los cuales fueron dejados en libertad los femenicidas de Anibel González y Juana Domínguez, también fallaron al sistema.
Rodríguez sostuvo que habían prohibido formalmente los acuerdos cuando se tratara de intento de homicidio y que esta restricción fue violada por miembros del Ministerio Público y otros actores del sistema, de los cuales dijo, fracasaron en su función.
“Habíamos establecido formalmente y por escrito una prohibición de acuerdos ante tentativa de homicidio, y esa prohibición fue violada por familiares, por abogados, notarios, fiscales, jueces que fallaron al sistema y hoy se encuentran bajo arresto algunas de estas personas”, aseguró.
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Afirmó que el proceso penal contra la suspendida titular de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género de San Pedro de Macorís, Margarita Hernández Morales, quien guarda prisión preventiva, y la suspensión del procurador fiscal de ese municipio, Pedro Núñez Jiménez, es fruto del régimen de consecuencias para el personal que trabaje con este tema que viole las normas.
Durante la presentación de los avances del Plan Nacional Contra la Violencia de Género en el 2019, Rodríguez informó que este régimen fue iniciado hace dos años.
“Por primera vez en la historia se está aplicando un régimen de consecuencias ante el incumpliendo de las normas, lineamientos y parámetros establecidos”, expresó.
El funcionario explicó que dentro de las consecuencias para quien no cumple con las normas que rigen la materia se encuentran amonestaciones, suspensiones, procesos disciplinarios y hasta penales.
“A la fecha hemos visto un amplio cumplimiento a la ley y a las normas pero nos hemos visto en la obligación de sancionar de una forma u otra aquellos miembros de la Unidad de Violencia de Género o personal que por negligencia en el manejo de los casos hayan cometido una falta con consecuencias”, dijo.
“Los lamentables casos, por ejemplo, de Anibel González y Juana Domínguez son una prueba de que este régimen de consecuencias existe y están siendo aplicados… Señores todo, absolutamente todo debemos cumplir y estamos dando nosotros una clara señal de que esas nuevas reglas están para cumplirse”, agregó.
El magistrado manifestó que para reducir a su mínima expresión casos como este se instruyó a fiscales de todas las provincias por escrito a que cumplieran las disposiciones que garantizan la protección de las víctimas de violencia de género al momento de la denuncia.
Entre estas, dijo, incluyeron emitir una orden de protección provisional a favor de las víctimas en todos los casos, solicitar al juez de la instrucción la orden y comunicar al destacamento policial más cercano a la misma la existencia de un proceso para que sesten a atentos al llamado de la víctima.
