Eufemística

    Ante la resolución 33-2019 de la Junta Central Electoral (JCE) acerca de la participación de funcionarios del gobierno en la campaña, el candidato presidencial del PRM Luis Abinader dijo categóricamente que las “últimas decisiones de JCE muestran una tendencia acomodar la ley al poder” y que “el hecho de que un funcionario que maneja fondos públicos haga campaña en horario no laborable no garantiza que no use los recursos del Estado en favor de sus intereses políticos”.

    Posteriormente, Orlando Jorge, el representante del PRM ante la JCE, declaró que en su resolución esa institución no tomó en cuenta el artículo 284, acápite 15 de la ley 15-19, que establece que “los funcionarios administrativos o judiciales que se mezclaren en los actos electorales, usando de su influencia oficial para las elecciones… serán castigados con prisión correccional de seis meses a dos años y con multa de dos a diez salarios mínimos del sector público”.

    Para otros, con su decisión la JCE simplemente legitima la participación de funcionarios del gobierno en la campaña política.
    Ese argumento se fundamenta en el artículo 1 de la misma resolución 33-2019, que tiene por objeto “regular la participación de los funcionarios que administran fondos del Estado en los actos políticos que tienen como finalidad la promoción de candidaturas municipales, presidenciales, senatoriales y de diputaciones” durante las elecciones de 2020.

    El artículo segundo de la resolución es una obviedad, porque no se supone que ningún funcionario puede disponer de los recursos o bienes del Estado en provecho propio ni de ningún candidato. Es lo que dice la norma más elemental sobre la conducta humana.

    Aquello de que no se permitirá el accionar político durante el horario laboral es lo que había argumentado el ministro de Administración Pública.

    Tenía más sentido que la JCE se declarase incapaz de controlar una situación fuera de su alcance. O firmemente estableciera que la promoción política desde una posición de poder obliga a la presentación de una licencia. ¿Cómo fiscalizará la JCE el accionar de un funcionario, cuando varios de ellos tienen a cargo responsabilidades políticas en el interior y uno de ellos es jefe de la campaña del candidato presidencial?

    Es una resolución eufemística para responder un reclamo. No más.

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